Antonio, un lugareño de 70 años de La Laguna, Chalatenango, se relajaba en la plaza y de repente un toro corría descontrolado en dirección de él. Aunque le gritaban que se moviera, él no escuchó porque era sordo, y el animal lo embistió. Lo llevaron al hospital, donde murió. Él no tenía familia, tiempo atrás había vendido sus bienes y vivía en la casa de unos amigos.
Tras el fallecimiento, la familia que había acogido a Antonio, le pidió al dueño del toro dinero par sufragar gastos del velorio y entierro. Él les entregó $650, pero pasado el tiempo le exigieron otros $650.
Antonio López, facilitador judicial que trabaja en coordinación con la Corte Suprema de Justicia desde 2014, dice que llegaron a pedirle que interviniera, pues creían incorrecto que personas que no eran parientes del fallecido exigieran indemnización. Él le consultó a la jueza de La Laguna y ella lo avaló.
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La familia denunciada se resistió en un inicio e incluso le dijeron que se entrometía. “Les dije que había sido invitado por el dueño del toro, les leí donde dice que para hacer esas cosas deben estar autorizadas por los miembros de la Corte y no nosotros como civiles. La indemnización se la estaban haciendo a personas que no correspondía...
Hicimos un acta, nos citó la jueza y les quitó eso de que siguieran pagando más dinero, que ya era suficiente lo que le habían dado para el entierro. Así se remató”, relata el facilitador judicial.
La deuda del agricultor
En otro caso, hace unos seis años, un agricultor y una empleada hicieron un trato: ella le prestaría dinero para que él comprara fertilizantes y otros insumos para el cultivo del maíz, y él le pagaría con parte de su cosecha. Pero pasó el tiempo y este ni devolvió el dinero ni le dio maíz.
La mujer le cobró al agricultor pero este no cedió. Ella, preocupada porque era una cantidad importante, acudió a Reina Isabel Rivera, facilitadora judicial, para que le ayudara a recuperar su dinero.
Entonces, Reina dice que ideó un plan, convocar al señor, quien era el padre de uno de sus alumnos. “Soy maestra de religión y le hice conciencia de que es mejor hacer bien las cosas”, cuenta Reina de cómo abordó la situación.
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“Ella no quiso ir (a la cita con el agricultor) porque me dijo que el señor podía pensar que lo quería presionar y no era eso lo que pretendía. Él me dijo que en tres días me daría la respuesta. A los días me llamó y me dijo que le dejaría $700 en una tienda de La Laguna y así fue. Luego llamó para avisar que ya tenía el otro dinero”, relata Reina.
Reina dice que se sintió satisfecha de haber ayudado a resolver el caso “solita y sin necesidad de acudir al juzgado” y de que el agricultor reaccionara de manera correcta, incluso dice que él le dijo que no supo en qué momento esa situación se le había descontrolado y que no hallaba qué hacer.