El acceso a la justicia para los ciudadanos depende de varias instituciones del Estado: la Policía, la Fiscalía General de la República y los jueces. Estas instituciones deben ser independientes unas de otras como garantía de que cumplirán con su deber; pero en El Salvador, a criterio de los abogados Marcela Galeas y Wilson Sandoval, la justicia está en manos de una sola persona: el presidente.
Desde la llegada de la nueva Asamblea Legislativa el 1 de mayo, el Estado se ha configurado a la medida de Nayib Bukele, aseguran los abogados: la Policía, por ejemplo, es controlada desde el Ejecutivo y ya ha sido señalada previamente por detenciones ilegales; una de las más recientes fue la detención del informático Mario Gómez, crítico de cómo se ha implementado el uso del Bitcoin en El Salvador.
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Él fue capturado sin una orden administrativa. Y aunque la Policía sí puede realizar detenciones en flagrancia, es decir, que una persona sea sorprendida cometiendo un delito o que lo cometió en un lapso de 24 horas, la detención de Gómez no se apegó a estos criterios de detención establecidos por la Ley, y tampoco contaba con una orden legal emitida por la Fiscalía.
“No veo que la Policía tenga un rol activo en la política de seguridad pública. No entiendo cuál es el papel que está desempeñado porque ni siquiera es en prevención de la violencia. (...) Creo que va a llegar un punto en que la misma Policía va a ser militarizada, pues su papel actualmente es el de una policía política que se dedica a realizar capturas y acosar a los disidentes”, dijo Wilson Sandoval, abogado y coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de Funde.
Pero no solo la Policía ha sido señalada de servir a intereses político partidarios. El nombramiento de Rodolfo Delgado al frente de la Fiscalía General es considerado inconstitucional por varios actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, debido a que el funcionario fue impuesto por la Asamblea afín a Bukele cuando aún no concluía el periodo del anterior fiscal. Además, porque bajo su administración, no se conocen investigaciones en torno a los señalamientos de Washington a funcionarios del gobierno actual.
“El mandato constitucional del fiscal general es defender los intereses del Estado y la sociedad, debiendo actuar con independencia y con eficacia en la investigación y persecución de las conductas que se perfilan como delitos. (...) Esperaría que se estén realizando (investigaciones en torno a la lista Engel) o al menos que se les dé seguimiento”, sostiene Marcela Galeas, abogada penalista.
El único contrapeso que hasta hace unos meses tenía el Ejecutivo era el Órgano Judicial; al que pertenecía una Sala de lo Constitucional que durante la pandemia ordenó a la Policía y al Ejército parar las detenciones ilegales, y además exigió restablecer la economía gradualmente.
Eso la volvió el principal objetivo del gobierno una vez tuviera el poder en la Asamblea, y así ocurrió: la bancada oficialista destituyó en la primera plenaria a los jueces del Órgano Supremo, y con la policía bajo el control del gobierno, ordenó retirar las pertenencias de los antiguos magistrados la noche del 1 de mayo.
Con un Supremo a la medida, las decisiones llegaron: una de las más recientes fue juramentar a 98 nuevos jueces el pasado domingo 26 de septiembre. Esto debido a que por orden de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que obliga el retiro de jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio del Órgano Supremo.
Los nuevos jueces, juramentados por la Corte afín a Bukele, deben resolver casos como el del ataque armado a una caravana del FMLN, en el que murieron dos militantes; así como el caso del exdiputado Sigfrido Reyes y otras diez personas a las que se les acusa de supuesta corrupción.
Además tendrán a su cargo el caso de Enrique Rais, señalado de integrar una red de corrupción en la que se vinculó a dos jueces, al exfiscal general Luis Martínez, entre otros. También verán la acusación contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, contra el expresidente Mauricio Funes, hoy asilado en Nicaragua y los exfuncionarios del FMLN detenidos desde agosto.
¿Cómo queda el acceso a la justicia?
Uno de los primeros casos señalados como entorpecimiento a la justicia tras los movimientos en el Órgano Supremo es el caso El Mozote. El juez Jorge Guzmán denunció su “destitución ilegal” al frente de un caso que lleva al menos cinco años en proceso.
Pese a que Bukele prometió, al inicio de su mandato, justicia y reparación para los sobrevivientes y familiares de las víctimas, como comandante general de las Fuerzas Armadas negó el acceso a los archivos militares que pudieron servir para aclarar lo ocurrido en esa época. Y ahora los dejó sin un juez conocedor del caso.
Sandoval considera que ejemplos como estos van a extenderse en la vida cotidiana de los ciudadanos: “La gente no encuentra soporte en el tema de los desaparecidos. Ni en la Policía ni en la Fiscalía y ahora tampoco en las Cortes. ¿Qué te garantiza que ese juez no te va a dar la espalda como el resto del sistema? Ahora mismo no hay a quien acudir y los salvadoreños y las salvadoreñas tienen derecho a que cuando tengan que necesitar de justicia haya garantías de que un juez o un tribunal no tenga una intervención política o partidaria”.
Otros ejemplos que plantea el abogado son aquellos en los que ciudadanos han exigido justicia en temas relacionados a las tierras; como el caso de las 70 familias de la finca El Espino, cuando en 2015 la Sala de lo Constitucional admitió un amparo que los protegió del desalojo: “Esto pasa todos los días, y ahora va a llegar un punto en que la gente va a experimentar esto. (…) La justicia se va a ver mermada, reducida a una justicia partidaria, y donde va a ser muy poco probable encontrar jueces íntegros que resuelvan apegados a la Constitución”.
Los cambios en el Órgano Supremo como la remoción de jueces y el nombramiento de otros tantos ha sido catalogada de ilegal por algunos abogados. El mismo juez Guzmán, que ve el caso de El Mozote, ha declarado que si se quiere hacer una “verdadera depuración judicial sacando a jueces corruptos y nombrando jueces probos” debe hacerse dentro de la ley. Y la forma en que se ha hecho “no es legal ni correcta”, explicó.
Y es que la Cámara de Familia de San Miguel suspendió la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que remueve a los jueces mayores de 60 años, pero esa resolución fue ignorada por el Pleno, quien nombró pese a ello, a los jueces sustitutos.
“La condición de la eficacia en cuanto al sistema de justicia está comprometido debido a que no se puede asegurar que se están cumpliendo las garantías mínimas en el abordaje: debido proceso, juicio justo, independencia judicial, legalidad, igualdad de partes, presunción de inocencia, elementos mínimos y vinculantes para el funcionamiento de un sistema judicial”, agregó Galeas.
CASOS SEÑALADOS DE ABITRARIOS
Violeta Menjívar (22 de julio 2021 )
Familiares de la exfuncionaria del FMLN denunciaron falta de garantías a los derechos humanos de la detenida quien fue capturada por delitos relacionados a la corrupción. Al momento de su detención, su abogado denunció que le impidieron el ingreso a las instalaciones donde se encontraba.
Mario Gómez (1 de septiembre 2021 )
Fue arrestado por la Policía sin una orden administrativa o judicial que avalara su detención. El informático es crítico de cómo se ha implementado el Bitcoin en el país.
Ernesto Muyshondt (10 de septiembre 2021)
Centros Penales y Policía incumplieron orden judicial que ordenaba trasladar a Ernesto Muyshondt a su casa para cumplir arresto domiciliario. Sumado a esto le agregan otro delito en prisión.
Mauricio Ramírez Landaverde (12 de septiembre 2021)
El exministro de Seguridad fue acusado de actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad; delitos supuestamente cometidos a través de Asocambio, organización que administraba las tiendas carcelarias. El exfuncionario aseguró que llevaba dos años pidiendo audiencia con la Fiscalía.