“Los medios El Faro, Revista Factum, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica habrían sido particularmente hostigados y estigmatizados por el presidente (Nayib Bukele) y funcionarios de la administración pública a raíz de sus artículos, coberturas e investigaciones periodísticas”, señala la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador.
El cuestionamiento de la CIDH está sustentado en denuncias que recibió el referido organismo regional, el cual reflejan un creciente ambiente hostil para ejercer el derecho a la libertad de expresión en el país.
“La denunciada hostilidad oficial incluye mensajes intimidantes y descalificación a su trabajo, acusando a ciertos periodistas, por ejemplo, de propagar fake news, de ser mercenarios y plumas pagadas; como así también amplificando la difusión de comentarios de usuarios y usuarias que critican a periodistas en redes sociales”, afirma.
Lee también: Eurodiputado Gabriel Mato llama a respetar libertad de prensa y Estado de derecho
Destaca la CIDH que este tipo de señalamientos sucedían usualmente después de publicaciones o investigaciones periodísticas que documentan presuntos casos de corrupción gubernamental, el uso arbitrario de fondos públicos, o comportamientos cuestionables de miembros del poder ejecutivo, de acuerdo a información recibida.
“El uso recurrente de estos mensajes por parte de actores gubernamentales contribuiría a crear un ambiente degradante hacia la prensa, afianzando la creciente percepción social de periodistas y medios como enemigos del pueblo salvadoreño”, señala el informe.
Los ataques en las redes sociales contra mujeres periodistas han cobrado “especial virulencia” lo que se traduce en “riesgos específicos basados en su género, que se traducen principalmente en ataques y amenazas en línea con el objetivo de intimidarlas, deslegitimarlas y silenciarlas”.
El organismo internacional registra casos puntuales de las periodistas Valeria Guzmán, del periódico digital El Faro; Karen Fernández de Foco TV; y Carmen Valeria Escobar del periódico Gato Encerrado, quienes recibieron amenazas, acosos e insultos a través de las redes sociales por activistas del partido oficialista Nuevas Ideas y del gobierno por investigaciones periodísticas de supuesta corrupción de funcionarios del gobierno actual.
Lee también: Diputados acuerdan ratificar el Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
A los ataques anteriores se suman agresiones por parte de oficiales de la Policía a un periodista de El Diario de Hoy, a un fotógrafo de El Mundo y a un camarógrafo de la Telecorporación Salvadoreña (TCS) mientras cubrían la recuperación de cadáveres de personas en Apopa y San Salvador.
También cuestiona el despido de 70 periodistas del estatal canal 10 de televisión bajo el argumento de “pérdida de confianza”.
Otra de las quejas de los medios de comunicación citadas por la CIDH es “la imposibilidad de periodistas de realizar preguntas en conferencias de prensa oficiales”.
Revela además que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH recibió información sobre “el presunto otorgamiento de pauta publicitaria estatal de forma poco transparente y bajo una lógica de ‘premio o castigo’, según el apego o distancia de la línea editorial del medio a la narrativa oficial”.
Las radios comunitarias, medios de investigación y algunos medios tradicionales cuyas líneas informativas mantienen críticas a la gestión gubernamental son los más afectados, señala el informe.
“En resumen, según ha sido señalado, la pauta publicitaria funcionaría en la práctica como un mecanismo de presión económica que deriva en fenómenos de autocensura al interior de algunos medios”, dice CIDH.
Menos acceso a información pública
La CIDH señala en su informe que recibió denuncias de distintas organizaciones y medios de comunicación sobre restricciones en el acceso a la información pública, principalmente vinculada a temas de seguridad, medio ambiente, gastos públicos y acuerdos migratorios.
“En 2020, se reportó un aumento en las restricciones ya existentes al derecho de acceso a la información por parte del gobierno, de modo tal que a partir de la irrupción de la pandemia por COVID-19 existió un cierre casi total de los canales institucionales de respuestas e información pública”, señala el informe.
Agrega que la CIDH recibió denuncias sobre “una estrategia deliberada de opacidad de parte de las autoridades gubernamentales, dirigida a disminuir las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas del Estado”.