Carolina Recinos, a quien el departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas bajo la Ley Global Magnitsky, tuvo una amplia participación en el gabinete del presidente Nayib Bukele en 2020 y era habitual verla dirigiendo las conferencias de prensa durante el inicio de la pandemia de covid-19.
La funcionaria, al ser jefa de gabinete, llegó a alcanzar el rango de “superministra” pues estaba involucrada en casi todas las áreas de acción en el marco de la emergencia de covid-19.
Era casi el rostro de la actual administración en las conferencias donde estaban los ministros de Salud, Obras Públicas o Educación. Sin embargo, su protagonismo decayó notablemente cuando el Departamento de Estado la incluyó en la lista Engel en el primer trimestre de este año.
Esa lista es elaborada por a petición del Congreso de los Estados Unidos y quien aparece ahí está señalado o de estar vinculado a actos de corrupción, de violar los derechos humanos o de socavar la institucionalidad y el estado de derecho.
La lista Engel cayó como un balde de agua fría a la administración Bukele luego del golpe a la independencia judicial dado el 1 de mayo, justo cuando tomó posesión la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Ese día la bancada legislativa de Nayib Bukele destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General e impuso a magistrados y un fiscal afín a los intereses del Gobierno. El hecho fue condenado por Estados Unidos, la Unión Europea y por decenas de instituciones nacionales e internacionales.
Luego de su evidente ausencia, se conoció que Recinos es también parte de la empresa principal que está detrás de la aplicación Chivo Wallet, la empresa estatal que gestiona los $30 en Bitcoin que destinó el gobierno para cada salvadoreño que descargue la aplicación para incentivar el uso de la criptomoneda.
El 16 de septiembre de 2020, Recinos fue elegida directora suplente de la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, (ETESAL).
ETESAL es una de las empresas del grupo CEL, que, junto a la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán, es a su vez propietaria de la aplicación Chivo Wallet y de todos los cajeros que convierten Bitcoin a dólares desde el 7 de septiembre, fecha en que la criptomoneda tiene curso legal en el país.
La empresa propietaria de la aplicación Chivo Wallet fue fundada en octubre de 1999 bajo la denominación Inversiones El Salvador No. 1, por la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) y la empresa ETESAL. Meses antes (enero de 1999), CEL y CLEA habían fundado ETESAL.
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Pero el 19 de agosto anterior, a solo 18 días de que el Bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal en El Salvador por decreto legislativo, ETESAL y CLEA decidieron cambiar el nombre de Inversiones El Salvador No. 1, por Chivo, S.A. de C.V., que es la empresa propietaria, además de la aplicación Chivo Wallet, de los cajeros y POS que han sido distribuidos en diversos lugares públicos y empresas salvadoreñas, como parte del andamiaje para que circule el Bitcoin.
Chivo ha estado en el centro de la polémica porque no ha sido transparente en la forma que ha destinado los $30 para cada salvadoreño, ni la compra de Bitcoin con fondos públicos, aparte de los cientos de denuncias de robo de identidad a salvadoreños que intentaron descargar la aplicación y ya otra persona lo había hecho en su hombre y había cobrado el subsidio.
Abogados como Ruth Eleonora López, jefa anticorrupción de Cristosal, han señalado que el hecho de que un funcionado señalado un en la lista Engel forme parte de Chivo Wallet puede acarrear consecuencias.