El Ministerio de Salud (Minsal) tiene como información clasificada tres puntos que, a criterio de dos especialistas del derecho consultados, deberían estar abiertos a la población. Son: los datos sobre el laboratorio que analiza pruebas COVID-19 en el país; el convenio que selló el paso del Centro de Ferias y Convenciones a convertirse en Hospital El Salvador; y el documento Plan Nacional de Salud.
La información sobre tamizajes del virus y la transición de la Feria a centro asistencial no estará disponible al público hasta junio de 2022; y el plan mencionado, hasta septiembre de 2021, según la documentación disponible en el Portal de Transparencia del gobierno.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (ALAC-Funde), dijo que Salud no puede justificar esta reserva en el literal d) del Art. 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), como reza el documento en Transparencia, pues “no se está poniendo en riesgo la seguridad o salud de alguna persona” al conocer cómo se han manejado estas pruebas.
Para Sandoval, la intención del Minsal “es ocultar los números, probablemente reales, que se esconden tras las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud. Es un hecho notorio y público que han sido decisiones que parecieran estar lejanas a la técnica y muy cercanas a lo político”.
Reservar información sobre estas pruebas “no tiene lógica”, insistió el experto de Funde, “porque se supone que la ciudadanía también debería conocer cuántas pruebas han realizado, quién ha sido el proveedor (empresa a la que el Gobierno ha comprado las pruebas), cuántas positivas o negativas, etc. Son datos que tenemos derecho a conocer como ciudadanos, porque pagamos por esas pruebas con nuestros impuestos”.
Javier Castro, director de estudios legales de Fusades (Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social) recordó que “a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución durante la pandemia, en la que expresó la importancia de conocer la evolución de la enfermedad por parte de la población. Se necesita datos certeros y objetivos”.
Francisco Alabí, ministro de Salud, justificó el lunes pasado la reserva de esta información sobre las pruebas, pues dijo que son datos privados de cada paciente, y que no era correcta su divulgación, pues la misma podía provocar discriminación contra los contagiados.
Casto contraargumentó que “para eso existen las versiones públicas, donde se resguarda el nombre de la persona; pero los demás datos e información sobre la evolución de la pandemia en el país, tienen que ser de acceso público, que llegue a la población en formatos accesibles y en formatos de datos abiertos. No se está pidiendo que se conozca quién es persona contagiada”.
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Así mismo, el representante de Fusades dijo que el Minsal no debería colocar en reserva la información del Hospital El Salvador con base en el literal g) del mencionado artículo 19 de LAIP, porque “la información que pidió YSUCA era sobre un contrato o convenio realizado entre Cifco y Ministerio de Salud para la cesión de las instalaciones, es decir, ya es una acción consumada. Eso debería constar en un documento, que no debe estar sujeto a reserva, sino que debe ser de conocimiento público”.
Ambos profesionales de las leyes coincidieron en que es “preocupante” y “grave” que el Ejecutivo ponga en reserva el Plan Nacional de Salud.
“En ningún país del mundo alguien clasifica un Plan Nacional de Salud, no he visto ningún ejemplo en Latinoamérica”, expresó Sandoval, quien agregó que “me atrevería a decir que no existe un plan nacional, y ese es el problema, porque esta administración ha demostrado que no tiene gente con capacidad técnica para formular políticas públicas e implementarlas”.
Castro concluyó que al que clasificar estas informaciones, el Ejecutivo “pone de manifiesto que no existe un compromiso con la transparencia ni con el acceso a la información pública. Lo que se busca es que exista opacidad, que no exista rendición de cuentas. Son acciones que no tienen base legal, son contrarias a la Ley de Acceso a la Información Pública. Es preocupante, porque ya hay varios cuestionamientos alrededor del uso de recursos públicos durante la emergencia, ya hay investigaciones en curso. La opacidad es negativa y genera espacios propicios para que se cometan actos de corrupción”.
Ministerio de Salud bloquea información sobre las pruebas COVID-19 y la transición de Cifco a hospital