La comisión especial que realizó la investigación del acoso a periodistas concluyó, luego de 15 reuniones de trabajo y de haber escuchado a 26 comunicadores y entidades, que algunos medios de comunicación independientes y periodistas están siendo acosados por el Gobierno, el cual hace uso de recursos públicos para atacar y amenazar.
El diputado Emilio Corea, de ARENA, presidente de la comisión especial, señaló que en el informe final hacen recomendaciones al presidente de la República, Nayib Bukele, y a sus funcionarios que cesen el acoso, la discriminación y el maltrato a los periodistas.
“Hemos aprobado el informe, las principales conclusiones son que en El Salvador existe acoso, discriminación, insultos y maltrato a periodistas por parte del Órgano Ejecutivo, que en El Salvador existe bloqueo a la información pública y acceso a funcionarios públicos hacia ciertos medios de comunicación que son críticos a la actual administración”, manifestó el diputado.
El informe final será presentado a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y será conocido en la plenaria de la próxima semana, donde se expone los delitos cometidos por funcionarios del Ejecutivo contra periodistas que han realizado publicaciones críticas al Gobierno.
En el informe se señala que tanto el presidente de la República, Nayib Bukele, como el secretario de Prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria y Federico Anliker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuario Autónoma (CEPA) son los principales responsables de violaciones a la libertad de prensa y de expresión, quienes se han prevalecido de su cargo para denigrar el trabajo de los periodistas.
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Durante las entrevistas, los periodistas manifestaron que debido a los ataques por parte del Gobierno, sintieron que su vida y su trabajo estaba en peligro, al desarrollar su labor de forma objetiva.
Otra de las observaciones que hace el informe es que existe una posible restricción indirecta al ejercicio de la libertad de expresión, debido a las acciones del ministro Alejandro Zelaya contra el medio digital El Faro, al ordenar un proceso de fiscalización, por lo que Zelaya podría estar incurriendo en un delito de Actos Arbitrarios de tipo penal, el cual está penado de dos a cuatro años de prisión en el artículo 320 del Código Penal.
“Hemos acordado certificar a la Fiscalía para que investigue el posible cometimiento de varios delitos, entre ellos actos arbitrarios, interferencia a las comunicaciones, captación ilegal a las comunicaciones”, dijo el diputado Corea.
El informe también señala la censura indirecta a El Diario de Hoy por parte del Ejecutivo, al retirar la pauta publicitaria utilizándola como castigo o premio para medios de comunicación si tiene una postura crítica o condescendiente.
“El Órgano Ejecutivo mantiene una política de ataque, amenazas, e intimidaciones las cuales no se reducen a los ámbitos frecuentes del trabajo periodístico, sino que trascienden en entornos virtuales donde los comparecientes y declarantes han manifestado el crecimiento exponencial de dichas agresiones por medio del accionar de los denominados troles, que tienen como única finalidad deslegitimar el trabajo periodístico”, dice el documento.
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Los delitos que han sido cometidos, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) que tienen registrados interpuestos por periodistas y personas relacionadas a medios de comunicación, entre el 1 de junio del 2019 hasta la fecha, son amenazas, atentados a la libertad de expresión y coacción.
El informe será enviado a diferentes organismos internacionales, entre estos a la Relatoría de la Libertad de Expresión, a la oficina de la alta comisionada de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Secretaría de la Libertad de Prensa de la ONU, además del Congreso y Senado de los Estados Unidos, entre otras organizaciones.