El decreto legislativo (593) mediante el cual se declaró por vez primera el estado de emergencia nacional fue emitido el 14 de marzo con vigencia de 30 días. Había bastantes vacíos en esa ley, pero la emergencia no daba tiempo para entramparse en discusiones prolongadas y los diputados procedieron con espíritu de colaboración, esperando reciprocidad de parte del gobierno y, sobre todo, un intento honesto de enfrentar el problema de salud con transparencia y sin aprovecharse de esos vacíos para atropellar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Cuando se aproximaba la expiración del período de vigencia del decreto 593, ya se tenía conocimiento de muchos casos de arbitrariedad y abuso en su aplicación de parte de personal de la Fuerza Armada, PNC y Ministerio de Salud. También se sabía ya que el presidente Bukele no tenía la más mínima intención de someterse, como se lo manda inequívocamente la Constitución, a las sentencias de la sala de lo constitucional de la CSJ obligando al gobierno a respetar los derechos fundamentales de las personas.
Sin embargo, por las mismas razones en las que se había fundamentado la aprobación del decreto original, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de 15 días mediante el decreto 631 el día 16 de abril. Pero como no había sido posible, por falta de consenso, añadirle a ese decreto las definiciones, criterios y procedimientos para una adecuada aplicación, esa misma noche los diputados aprobaron el decreto 632, que contiene todas esas disposiciones.
Acto seguido y sin conocer todavía el contenido de este último decreto, el presidente anunció que lo vetaría, dejando claro, una vez más, que no acepta límites de otras instituciones, que menosprecia las leyes y se cree el único ciudadano competente para interpretar la Constitución y decidir cuándo acatar las leyes (casi nunca). Para agenciarse de facto esos poderes que la ley no le otorga, ha engañado a la gente con el cuento de que él es el único que está protegiendo la salud del pueblo, mientras que aquellos que no lo respaldan ciegamente solo buscan la muerte de cientos de miles de salvadoreños.
Así estamos al día de hoy. Con un presidente autocrático y con unas leyes que él puede manipular a su antojo. Ya son varios los casos de ciudadanos que han sido detenidos arbitrariamente y puestos forzosamente en albergues insalubres, con altas posibilidades de contagio, a guardar cuarentenas de 30 días (el doble de tiempo de lo que indican los estándares), que con mucha frecuencia se hacen 40 y hasta más días. Personas que dan negativo en las pruebas pero son obligados a permanecer en los centros de contención; personas que sí requieren atención médica pero no la reciben. Ya hay personas que han muerto como consecuencia a tales arbitrariedades y descuidos.
El confinamiento de personas sanas, por el solo hecho de andar en la calle, es ilegal, pero igual lo sigue practicando el gobierno, más como castigo o venganza que para prevenir la expansión del virus. No se sabe nunca quién hace esas evaluaciones médicas para catalogar a alguien como sospechoso. No se sabe con qué criterios se toman esas decisiones. No se levanta un acta. No se da información a los parientes. En suma, una vulnerabilidad total y absoluta de las personas frente a las arbitrariedades del gobierno.
Ya no estamos en los primeros días de la emergencia, en los que nadie sabía realmente cómo proceder. Ha transcurrido un mes y medio. Ya no podemos ver como simples errores los abusos sistemáticos de autoridad. Lo que emerge ante nuestros ojos es un régimen de intimidación, en el que los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos y sin derecho a protestar.
Y a los que idolatran al presidente, hay que hacerles ver que no por eso están libres del riesgo de que les toque a ellos, o a sus hijos, o a sus padres ser las próximas víctimas de arbitrariedades y atropellos Tal vez entonces abrirían los ojos, pero no quisiera que se llegue a eso; quisiera que entiendan que estamos todos en el mismo barco, independientemente de si somos adeptos o críticos frente a las acciones y omisiones del gobierno.
Por ello es tan trascendental lo que ocurra este día en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. El gobierno ha enviado un proyecto de ley que no resuelve adecuadamente los vacíos del decreto 631. La oposición presentará otro proyecto, con algunas deficiencias, pero mucho más enfocado en la protección de los derechos de todas las personas. Si en las próximas horas el presidente cumple con el plazo de ley y veta el decreto 632, los diputados tienen además la opción de superar ese veto para darnos un marco legal apropiado.
Esas batallas legislativas no son fáciles, pero la de este día es crucial para darnos a todos la seguridad jurídica que necesitamos. A todos, porque todos la necesitamos y tenemos derecho a ella. Es falso que el presidente deba tener carta blanca para pelear la guerra contra el COVID-19. Esta no es su guerra. Es la guerra de todos los salvadoreños.abusos