Con 62 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer una reforma a la Ley del Presupuesto 2021 para aumentar asignaciones de diferentes instituciones del Gobierno por un monto de $500 millones.
Según explicó este lunes el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya a los diputados de la Comisión de Hacienda, dichos fondos provienen de un préstamo contratado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los $500 millones se distribuirán así: $425.3 millones a Hacienda para financiar obligaciones del Estado; $24 millones para el ministerio de Agricultura y Ganadería, para proyectos que contribuyan a la modernización y fortalecimiento institucional; $8. 2 millones para el ministerio de Economía, para atraer inversión nacional y extranjera.
Ademas, $21 millones para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), destinados a proyectos de mejora de infraestructura y servicios; $6 millones para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para modernización de infraestructura; $15 millones para el ministerio de Obras Públicas (MOP), para obras de mitigación por cárcavas; $500 millones para el ministerio de Vivienda, para proveer soluciones habitacionales por emergencia.
Los legisladores también aprobaron reorientar de $50 millones a distribuirse así: $20 millones para previsión para la devolución de ingresos de años anteriores; $20 millones para la devolución de IVA a exportadores; $10 millones para la devolución de impuestos sobre la renta.
Por otra parte, los parlamentarios también autorizaron ayer con 59 votos a favor la garantía soberana del Estado para el préstamo que suscriba BANDESAL con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por $35 millones para financiar la Línea de Crédito para la Reactivación Económica para BANDESAL.
La diputada Anabel Belloso del FMLN contrastó estas orientaciones con el fideicomiso de la Ley Bitcoin aprobado ayer mismo y señaló que el oficialismo le resta prioridad a salud y educación.
Además, dijo que las constantes reorientaciones muestran el desorden financiero y de ejecución que tiene el gobierno de Nayib Bukele