Se necesita ley de servicio civil para evitar abusos, dicen abogados

Expertos consultados por este medio dicen que urge una normativa que vigile que en contrataciones reine el mérito.

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Foto EDH/ Francisco Rubio

Por Violeta Rivas

2021-03-17 4:30:55

La abogada Ruth Eleonora López aclara que la plaza no es “fantasma” porque la plaza existe. Lo que no existe es un “trabajador” que desempeñe sus funciones y solo llega a cobrar un salario no devengando.

“La plaza no es fantasma, porque la plaza fue creada, ya sea por ley de salarios o a través de un contrato, quien no asiste es el trabajador. En cualquier ámbito de la administración pública, una contratación de esa naturaleza es una contratación irregular e ilegal porque se están erogando fondos públicos para pagarle a un trabajador que no asiste a trabajar, que no presta un servicio público”, opina López.

Añade que esto es reparable por la Fiscalía General de la República, porque puede darse un delito, así como por la Corte de Cuentas de la República y también por el Tribunal de Ética Gubernamental.

“Se cuenta que en la época de Gallegos es cuando creció la planilla de la Asamblea de manera descomunal, es decir, a partir de la entrada de GANA. Hace 20 años eran los mismos 84 diputados en la Asamblea y el presupuesto era menor, por distintas razones el presupuesto de la Asamblea se ha ido abultando”, comenta López.

Javier Castro, director de Asuntos Legales de Fusades, dice que el abuso en las contrataciones en la Asamblea es un problema viejo que se ha señalado de forma recurrente. Estas plazas se dan por “amiguismo, compadrazgo, afinidad política o nepotismo”, opina.

“Claramente esto se debe a que en El Salvador no contamos con una Ley del Servicio Público, en donde se establezca claramente que las contrataciones de los servidores públicos se dan por razones de méritos, con procesos transparentes, porque hay que decir que este problema no solo es de la Asamblea Legislativa, esto sucede en todo el Estado”, expone Castro.

Lamenta que no haya existido voluntad política para aprobarla.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, opina que es el momento de establecer regulaciones pertinentes para la función pública, para las contrataciones del Estado.

“Se debe de corregir esta práctica, pero creo que junto con esa corrección lo que debe pasar también es una reforma necesaria a la función pública que debería de estar discutiéndose”, dice Escobar.