El presupuesto de la Nación para funcionamiento del próximo año fue aprobado ayer por los diputados de la Asamblea Legislativa. El monto asciende a $7,967.9 millones, incluido $498.4 millones de deuda para financiamiento adicional.
Este último monto está bajo sendos cuestionamientos de la oposición política y de expertos económicos para quienes no refleja la realidad de la brecha fiscal que el gobierno enfrentará el próximo año para atender todos sus compromisos, incluidos los más sensibles como el pago de los subsidios a la energía eléctrica y al gas propano.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), advirtió en un informe reciente que existe incongruencia en los datos en una cantidad que asciende a $1,355 millones. Esto según los analistas económicos como Rafael Lemus, es la brecha fiscal real que tiene el presupuesto.
Aún más, según Fusades, el déficit fiscal del sector público no financiero calculado a partir de los datos del presupuesto 2022 es igual a $1,196.5 millones. Esto se debe, según el tanque de pensamiento, a que el gobierno ha hecho una sobreestimación de los ingresos que rondan en $299.8 millones.
Pero en el dictamen aprobado ayer se establece que los ingresos corrientes estimados para 2022 serán de $6,566.8 millones, lo que representa el 82.4% del presupuesto de Ingresos y un 22.8% respecto del Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que los gastos corrientes estimados se proyectan para 2022 en $5,307.6 millones.
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El acuerdo de la Comisión de Hacienda para aprobar el presupuesto fue tomado posteriormente a la elección del fiscal general de la República y a la aprobación del gasto anual de 2022 para la Asamblea Legislativa, cuyo contenido se desconoce.
El único dato que fue revelado ayer por el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, es que su monto ronda en $57.6 millones, considerando que con esa cantidad existe una reducción del 1.2%, a raíz de la destitución de supuestas “plazas fantasmas”.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó ayer mismo a la Comisión de Hacienda a solicitar a los diputados autorizar algunos cambios al proyecto de ley antes de que fuera aprobado.
Por ejemplo, pidió una nueva distribución de fondos destinados para la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), una entidad que sustituye al Instituto de Desarrollo Municipal (ISDEM), institución que se encargaba de trasladar el Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), a las alcaldías.
Señaló que la DOM tiene asignados $293.3 millones, los cuales ya estaban incorporados en el presupuesto, pero al crearse la DOM se traslada el dinero a la institución que corresponde.
El funcionario solicitó también reorientar el presupuesto del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) para la DOM, consistente en $81.4 millones.
De ese monto, pide que se distribuyan entre entidades varias entidades así: $35.8 millones para la Dirección de Obras Municipales; $3.6 millones para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para proyectos de prevención de la violencia; $41.8 millones para el Ministerio de Desarrollo Local; y $144,250 para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), para proyectos de agua y saneamiento, explicó Zelaya.
Otra de las modificaciones que se aprobaron ayer mismo es un incremento de $23.4 millones en el presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia, para ello se reducirán las asignaciones del presupuesto del Ramo de Hacienda.
Así como incluir el escalafón del personal del Ministerio de Cultura a la Ley de Salario; y reducir a un 25% la deuda flotante. “Creo que el Ministerio tiene la facultad de ejercer un adecuado manejo de las finanzas públicas con un porcentaje de la deuda flotante del 25%”, aseveró.
También pidió que se elimine del proyecto del presupuesto el Art. 18 ya que en la redacción del mismo dice que nadie puede ser contratado por servicios profesionales, pero señaló que hay muchos médicos en instituciones que trabajan vía honorarios, y que al dejar así la redacción se les estaría afectando.
Reiteró que para funcionamiento de las ONG han destinado $10 millones, lo que implican cerca de $17 millones menos de los que se disponían en años anteriores.
Las becas también ya no serán entregadas por las instituciones que se encargan de seleccionar a las personas beneficiadas, sino que serán directamente entregadas previo verificación de todos los requisitos.
Fondos para ONG
A pesar de que la bancada oficialista ha criticado duramente a las legislaciones anteriores de haber entregado dinero a ONG; en el presupuesto aprobado anoche se destinaron $10.5 millones para organizaciones no gubernamentales.
El ministro de Hacienda recalcó que a las ONG que les han asignado fondos han verificado que no tienen ningún nexo con políticos, como ha sido la crítica del oficialismo con diputados anteriores.
Entre ellas figuran la Fundación un Gol por El Salvador con $125,000 a través del INDES; la Asociación Redettes con $47,000 canalizados a través del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Bethania de El Salvador con $60,000 a través del Ministerio de Educación; y la Fundación Salvadoreña de Educación y Trabajo (EDYTRA) con $600,000 por medio del Mined.
En total, Hacienda asignará recursos a un total de 30 ONG y reforzará el presupuesto de otras 10 organizaciones, entre ellas, la Asociación de Scouts de El Salvador con $50,000; la Fundación Padre Arrupe con $165,000; la Asociación Padre Vito Guarato con $150,000; la Fundación Ayúdame a Vivir con $100,000 y Comandos de El Salvador y Guardavidas Independientes de El Salvador con $150,000.