La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa recibió este lunes, de forma oficial, la solicitud de la Fiscalía General de la República para que se le quite la inmunidad al diputado Arturo Simeón Magaña Azmitia y pueda enfrentar, como un ciudadano común, un proceso penal por el delito de homicidio culposo (no intencional) en perjuicio de Francisco Moya.
Los legisladores acordaron que en la sesión de la próxima semana leerán todo el expediente y analizarán la petición que ha hecho el Ministerio Público hasta determinar si se debe o no crear una comisión especial de antejuicio.
Magaña Azmitia presuntamente fue quien protagonizó un accidente de tránsito, registrado en la colonia Escalón, al poniente de San Salvador, la madrugada del 29 de agosto. En el percance, Moya resultó gravemente herido y murió horas después en el Hospital Rosales. Cuatro personas más salieron lesionadas.
El miércoles, la Unidad de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía presentó la solicitud de desafuero en el Órgano Legislativo, la cual fue incorporada en la agenda de la sesión plenaria de con los votos de 72 diputados.
Trascendió que el diputado concilió con la familia de la víctima, pero el fiscal general, Raúl Melara, explicó que pese a eso la institución que dirige está obligada a pedir para desaforarlo. El funcionario también acusó a la Policía Nacional Civil de dilatar las diligencias sobre el caso y brindar la información al Ministerio Público.
Diputados de diferentes fracciones de la Asamblea se han mostrado a favor de retirarle la inmunidad a su colega, porque consideran que hay suficientes indicios de que tuvo responsabilidad en la tragedia.
Piden reformar Constitución
A raíz del accidente atribuido por las autoridades a Magaña, 16 diputados de ARENA y los legisladores Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, y el independiente, Leonardo Bonilla, presentaron ayer una petición para reformar los artículos 236 , 238 y 239 de la Constitución de la República relacionados con la inmunidad de la que gozan los funcionarios.
Emilio Corea, de ARENA, explicó que la propuesta busca que se mantenga el fuero constitucional de manera general, pero que se excluya cuando a un funcionario se le imputen delitos contra la vida, la integridad personal, la integridad individual, contra la libertad sexual, corrupción y lavado de dinero.
“Buscamos con esto excluir del fuero algunos delitos que un funcionario público, por obvias razones, no puede cometer: homicidio simple, homicidio culposo, violaciones, disparos de armas de fuego. Esperaríamos que en esta legislatura se puedan obtener los 43 votos necesarios (para hacer la reforma) y pueda ser ratificada con 56 en la siguiente para que pueda convertirse en realidad”, señaló Corea.