El partido ARENA pidió al presidente Nayib Bukele no asemejar el Plan de Control Territorial a propaganda política partidaria.
A través de un comunicado de prensa, el partido tricolor se pronunció en contra de que el Ejecutivo retome las obras que se realizan con fondos públicos para descalificar a personas y a partidos políticos de oposición. La reacción de ARENA surge después de que circularan videos en redes sociales donde aparecen delegados del Gobierno durante una presentación de proyectos que se implementarán en Cuscatancingo, como parte de la fase 2 del plan. Algunos de los funcionarios prometieron obras a realizarse y manifestaron que el municipio estuvo olvidado por la comuna y por el Gobierno.
Si algunas obras no son una realidad en este momento es porque los gobiernos municipales no cuentan con los presupuestos adecuados para construirlos y mantenerlos, detalla el comunicado.
Además, Alianza Republicana Nacionalista, exigió a la administración de Bukele seriedad y mucha responsabilidad en la implementación del Plan Control Territorial. A los alcaldes les hizo un llamado a estar abiertos a participar en los proyectos del Ejecutivo en el marco del plan de seguridad.
Pedimos al #GOES NO asemejar el #PlanControlTerritorial a propaganda política partidaria. #ARENAEstáPresente #PXLP pic.twitter.com/H04xOIIUY6
— ARENA (@ARENAOFICIAL) July 14, 2019
La segunda fase del plan Control Territorial para este año tendrá una inversión de $158 millones; estos como parte de los $575.2 millones con los que se pretende financiar el referido plan de seguridad en su totalidad, según el documento presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa.
Para financiar los $158 millones, el Gobierno proyecta tomar $91 millones de un préstamo de $200 millones que todavía se gestiona ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); mientras que los otros $67 millones serían con fondos propios, donaciones y otros préstamos.
Al desglosar la inversión de los $158 millones de dólares para la segunda fase, se tiene que $52 millones serán destinados para la construcción de obras públicas en comunidades que se encuentran en condiciones precarias.
Otros $30 millones serán usados en programas educativos y de capacitación para jóvenes en riesgo más $2.8 millones proyectados para reparar las escuelas en mal estado.