Tanto los directores de medios del Gobierno que solicitaron acreditar a personas que no son periodistas como los acreditados con notas enviadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrían enfrentar problemas legales debido a que cometieron posibles delitos como falsedad ideológica y uso de documentos falsos.
Para la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, es grave que medios del Gobierno acreditaran a personas que no son periodistas.
“Es preocupante que un medio de gobierno, como es el caso de Radio El Salvador, haya acreditado de forma discrecional a un sujeto que no tiene un vínculo laboral con el medio de comunicación”, afirmó en torno a la acreditación extendida por el director de Radio El Salvador para el youtuber José Roberto Silva Rugamas, quien con esa credencial accedió al centro de escrutinio del TSE en las pasadas elecciones y acosó e insultó a dos excandidatas del FMLN.
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Por ese comportamiento, Silva Rugamas es procesado por violencia contra la mujer, actualmente está detenido provisionalmente por orden de un juez.
Cárcamo añadió que “solicitar una credencial de prensa a alguien que no es periodista y ni ejerce la labor podría implicar el delito de falsedad material”, por lo que aseguró que desde la Asociación de Periodistas presentará un aviso a la Fiscalía General de la República para que se investigue el caso.
“No puede quedar en la impunidad este tipo de hechos, pues se abre la puerta para que utilicen una credencial de prensa personas que lo único que buscan es denigrar y atacar, tal y como pasó con Silva contra dos candidatas a diputadas”, afirmó.
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La presidenta de la APES señaló que también le preocupa el abuso de usar a comunicadores de gobierno para asumir otras responsabilidades ajenas a su trabajo como servidores públicos. “Observamos cómo muchos de esos comunicadores incumplen con la ética pues no se puede ser empleado de una institución de gobierno como comunicador y a la vez decir que es periodista. No es ético”, dijo.
Fusades ve posibles delitos en acreditaciones
Para el director de Estudios Legales, de Fusades, Javier Castro, podrían existir dos ilícitos en las credenciales dadas a personas que no son periodistas.
“En el caso de que se determinase por alguna investigación que realice la Fiscalía General de la República, que existen indicios de que se han entregado credenciales con información falsa para acreditar supuestamente a personas que no son periodistas, se puede incurrir en el delito de falsedad ideología (art. 284 Código Penal).
Asimismo, en caso de que la investigación de la Fiscalía determinase que se usó la credencial a sabiendas de que no es periodista, se puede incurrir en el delito de uso y tenencia de documentos falsos (art. 287 C. Penal)”, explicó Castro.