Las unidades de transporte público pueden ser escenarios de asaltos, desórdenes, violencia, acoso y agresiones sexuales contra mujeres e incluso hombres. Eso lo sabe bien cualquiera que tiene que viajar en buses o autobuses en El Salvador, pero nadie puede predecir en qué momento podría ser una víctima.
Así lo pensó Alejandra (nombre ficticio para proteger su identidad), de 23 años de edad, quien fue víctima de agresión sexual dentro de un microbús de la ruta 52 cuando se dirigía a su trabajo, un restaurante de comida rápida, el 3 de noviembre.
Alejandra abordó el microbús a las afueras de un centro comercial, en la alameda Juan Pablo II. Un hombre moreno, de cabello lacio y usando mascarilla también subió a la unidad. Todos los asientos iban ocupados. El sujeto, fornido y alto, ocupaba pantalón verde “de vestir” y chaqueta negra.
Alejandra no sospechó de su agresor, que iba de pie junto al asiento en el que ella viajaba, pero a la altura del monumento Salvador del Mundo, el hombre comenzó a acercarse lascivamente a Alejandra. Ella intentó alejarlo gritándole un insulto, trató de bajarse de la unidad, pero el victimario la amenazó con una navaja en su cuello.
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“En ese momento ya no hice nada más y él comenzó a masturbarse. No fue algo que nadie no notara, nadie dijo nada, nadie hizo nada por ayudar. Luego de satisfacerse, retiró la navaja”, recuerda Alejandra.
El artículo 9 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) tipifica como violencia sexual lo que Alejandra vivió en aquel microbús. Una conducta de agresión que conlleva una pena de 3 a 6 años, de acuerdo con el artículo 160 del Código Penal, o más debido al agravante de intimidación con arma.
“Dentro de nuestro marco legal podemos advertir que se trata de lo que se denomina ‘otras agresiones sexuales’, es decir, cualquier agresión que no sea constitutiva de violación, donde no haya penetración”, explica Silvia Juárez, abogada miembro de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). “Si un hombre es capaz de hacer eso en un transporte público, imagínese lo que puede hacer estando a solas con una víctima”, reflexiona Juárez.
Alejandra estaba a punto de llegar a su trabajo. El agresor ya no la retuvo y ella se bajó del microbús.
“Dos personas se bajaron también y nadie me preguntó: ‘¿Está bien? ¿Le puedo ayudar en algo?’ Nada”. El sujeto dejó sus fluidos en el uniforme de trabajo que ella llevaba puesto. En tanto, él continuó su viaje en el microbús.
Durante los segundos que le tomó llegar hasta la puerta del restaurante, Alejandra aún no asimilaba lo ocurrido. “Cuando llegué sentí que no podía respirar, me quebré, comencé a llorar. Nunca había pasado por una situación así”, manifiesta.
“Lo primero que hice, con ayuda, fue lavar mi ropa porque sentía asco”, añade. No quería llamar a la Policía, pero sus compañeros la convencieron en denunciar. “No quería hacerlo porque lamentablemente la justicia en este país es como que no ayuda en nada y sentía que iba a perder mi tiempo. Y la verdad así fue”, lamenta Alejandra.
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34 casos en el transporte colectivo en 2020
Con base al informe anual de Hechos de Violencia contra las Mujeres El Salvador 2020, realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad y por la Dirección General de Estadísticas y Censos, 5,052 mujeres sufrieron violencia sexual de cualquier tipo durante el año pasado.
De esta cantidad, se registraron 34 casos de agresión sexual en el transporte público y sus entornos.
“Yo estoy segura que hay mucho más, pero no nos atrevemos a denunciar”, afirma Juárez. Ahora, la denuncia de Alejandra formará parte de las estadísticas de 2021.
El policía que atendió la llamada le preguntó sobre la evidencia, pero ella explicó que había lavado su uniforme. “Entonces me dijeron que no podían enviar una patrulla para ayudarme porque lo único que tenían era mi testimonio, pero no pruebas. Me pidieron la descripción del sujeto, pero hasta allí”.
Aunque el agresor no robó ninguna de las pertenencias de Alejandra, ella no se esperaba la respuesta del policía al otro lado del teléfono: “ ‘Gracias a Dios no le robaron nada, solo fue un mal susto y usted está bien’. Yo le contesté: ‘el trauma que viví nadie me lo quita, hubiera preferido que me robara todo que pasar lo que pasé’ ”.
De acuerdo con la abogada, “hay una discrepancia entre lo que se espera del sistema de persecución penal y lo que experimentan las víctimas. Esa práctica (bañarse o limpiarse tras un abuso o agresión sexual) habla de una experiencia traumática para las víctimas que debe ser entendida por el Sistema. Además, los sistemas probatorios se refieren a varias formas en que un hecho se puede probar, como indagar si este señor toma constantemente esa parada de buses, si el conductor lo había visto antes, los testigos, la descripción, el mismo testimonio es una prueba”.
“Me siento decepcionada, en teoría son la ley y no saben ayudar”, lamenta Alejandra. El tipo de atención que recibió de parte del policía está advertido en la LEIV, que señala que esa subestimación del hecho puede ser sancionada con prisión o inhabilitación en la función pública.
“Esa autoridad que minimiza el delito, que evita la investigación, que favorece la impunidad, también puede ser acreedora de una sanción. Destruir la credibilidad de las víctimas es proteger al agresor, es una forma de tolerancia”, señala la experta. “Mi recomendación es que acudan a unidades especializadas donde hay personal que es más sensible, como Unimujer-ODAC (de la Policía), las unidades especiales de atención (FGR), el ISDEMU o los juzgados especializados”, añade.
El temor de Alejandra de verse en una situación similar la ha hecho desconfiar de las calles y de la gente fuera de su círculo. “Uno llega a ver lo malo hasta normal, pero no es correcto; alguna mirada, algún piropo, aunque no lo son porque son malas expresiones. Es lo que vivimos todas día a día”, reflexiona.
“No hay que guardar silencio. Eso es parte de la protección a los agresores porque hay una vergüenza que cargan las víctimas. Esa vergüenza tiene que cambiar de bando, los avergonzados tienen que ser los agresores”, manifiesta la jurista. A la vez, llama a las autoridades a que cambien su estrategia ante el problema y a la sociedad a que deje de ser tolerante.
“Les diría que sean más empáticos y a las mujeres, que tengan cuidado, que no se tienen que confiar de nadie ni de nada”, aconseja Alejandra.