Sergio Alberto Benavides Gómez, quien fuera gobernador de San Miguel en el período 2009-2014, tendrá que enfrentar por tercera vez un juicio por acoso sexual, luego de que la Cámara de lo Penal anulara el fallo que lo libraba de esos cargos, informó la oficina fiscal de San Miguel.
El proceso judicial tiene más de siete años en los que la vista pública se ha aplazado en 16 ocasiones por distintas razones, informó la oficina fiscal de San Miguel.
Benavides Gómez fue denunciado por acoso sexual por una empleada de la gobernación de San Miguel, pero el caso se judicializó hasta en 2013.
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La víctima ejercía el cargo de asistente del gobernador departamental suplente, pero después de que ella lo denunciara, entonces fue transferida a servicios generales.
“La víctima que goza de medidas de protección acusó a Benavides Gómez de frases y tocamientos sexuales indebidos, al interior de la sede de la Gobernación de San Miguel”, según la Fiscalía.
En el primer juicio que se realizó entre el 25 y 27 de febrero de 2014, el juzgado Primero de Sentencia de San Miguel lo exoneró de los cargos porque el juez no le dio credibilidad a la víctima.
Entonces, los fiscales del caso pidieron la nulidad del juicio por el agravio que había causado el fallo por lo que acudieron a la Cámara de lo Penal de Oriente de San Miguel que confirmó la sentencia.
Por estar inconformes por la ratificación de la sentencia, los fiscales acudieron hasta la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le dio la razón a la Fiscalía General y ordenó un segundo juicio en enero de 2016.
Esta vista pública se realiza tres años después de que la Sala de lo Penal había anulado el primero y ordenado que se repitiera.
El tribunal Primero de Sentencia de San Miguel estuvo a cargo de la segunda vista pública que terminó con otro sobreseimiento definitivo a favor del exgobernador.
“Bajo el argumento de la duda razonable a favor del exgobernador, y de que se había establecido el delito de acoso sexual pero no la participación del incriminado”, según la Fiscalía.
Además, de acuerdo al ente fiscal, tampoco aceptó que la víctima y un testigo declararan a través de video conferencia por encontrarse fuera del país.
Los fiscales volvieron a la Cámara de lo Penal de Oriente de San Miguel para pedir la nulidad del segundo juicio y en esta oportunidad, el tribunal superior le dio la razón a la representación fiscal.
Los magistrados argumentaron que el juez no fundamentó cuáles fueron los motivos para no permitir, parte de la prueba testimonial a través de un video conferencia, de acuerdo a la oficina fiscal de San Miguel que está a la espera de la fecha para la realización de un tercer juicio.