Acción Ciudadana presentó este viernes un informe que revela que el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lleva a cabo actualmente la Asamblea, tiene varias falencias y, además, denuncian que las preguntas que los diputados están haciendo a los candidatos están orientadas a buscar afinidad de los aspirantes con la política del gobierno.
“Llama la atención que se están haciendo preguntas públicas, para determinar cuál es el grado de afinidad que pueda tener la persona con el proyecto político del gobierno”, explicó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.
En el reporte dado a conocer por Acción Ciudadana se detalla que hace falta publicidad in situ; que no hay participación activa de la ciudadanía individual y organizada; y que las entrevistas van dirigidas a profundizar sobre la afinidad y anuencia de los candidatos con la política del gobierno y no a la identificación de perfiles idóneos e independientes.
Y es que el 7 de junio los diputados de la Comisión Política de la Asamblea sondearon a 10 candidatos de los 30 que compiten, a quienes les preguntaron su opinión sobre la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y la “imposición” de inmediato de otros actores sin haberlos indagado previamente el 1 de mayo de 2021.
También indagaron en los aspirantes sobre su posición en cuanto a las resoluciones que emitió la anterior Sala de lo Constitucional en contra de medidas que ejecutó el gobierno de encierro en varios municipios, centros de contención, detención de personas por violar la cuarentena, cercos sanitarios y otras durante la cuarentena obligatoria; y su postura y flexibilidad hacia posibles reformas constitucionales para cambiar las cláusulas pétreas, entre otros.
Acción Ciudadana también cuestiona que la participación de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y universidades haya sido vetada por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas.
Además, la falta de herramientas técnicas y objetivas como baremos, matrices de comparación u otros que permiten recopilar y comparar la información sobre aspectos del perfil de distintos candidatos con la finalidad de medir la idoneidad de los mismos.
Castro informó el lunes pasado que la Asamblea cuenta con sus propias métricas de evaluación internas y que no es necesaria la intervención de organizaciones como Acción Ciudadana u otras, ya que la facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es de la Asamblea.
“Con el tema de los observadores que quieran participar, no estamos de acuerdo, no estamos para que venga cualquiera o el que quiera venir acá, ellos pueden observar, estar atentos, para eso están los medios de comunicación. Estas son facultades que nosotros tenemos como Asamblea”, afirmó Castro.
Ante esto, Acción Ciudadana, demanda que el proceso se lleve a cabo respetando los principios de democracia, pluralismo, participación, publicidad y transparencia.
Otro aspecto importante que destaca Escobar es que debe haber desvinculación partidaria y fáctica de los candidatos electos.
“El funcionario profesional y responsable se debe al servicio del interés general por el cual se crea la institución a la que representa y no a un partido político determinado. Por ello, para garantizar el cumplimiento del mandato de interés público del funcionario elegido por la Asamblea para ciertos cargos es imperativo, como mínimo, que los candidatos no tengan vinculación político-partidaria”, reza parte de la sentencia de inconstitucionalidad con referencia 116-2017 del 27 de julio de 2020.