“Hemos presentado la solicitud de antejuicio para quitarle el fuero al diputado Arturo Simeón Magaña Azmitia por el delito de homicidio culposo en una persona (Francisco Moya) que le acompañaba en un accidente de tránsito hace aproximadamente una semana”, dijo Elvira Verónica de Araniva, jefa de la Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, luego de pedir a la Asamblea Legislativa que le sea retirado el fuero constitucional para que sea procesado en un tribunal de justicia común.
“El antejuicio nos va a permitir como institución someterlo a las reglas del proceso penal ante los juzgados comunes”, dijo de Araniva.
VER: Diputado Magaña se somete a prueba toxicológica diez días después de fatal accidente
Moya murió horas después del accidente vial que supuestamente fue causado por el diputado Magaña, la madrugada del 29 de agosto pasado, en la 79a. avenida norte y 9a. calle poniente de la colonia Escalón. Otras cuatro personas resultaron golpeadas.
Inmediatamente después de que el Ministerio Público presentó la solicitud de desafuero, la petición fiscal fue incorporada en la agenda de la Sesión Plenaria de ayer con los votos de 72 diputados.
El fiscal general, Raúl Melara, aseguró el lunes, en la entrevista del programa Diana Verónica y Tony de la Radio 105.3 FM, que el diputado Magaña estaba en el proceso de conciliación con la familia del joven Moya.
Sin embargo, Melara aseguró que la ley lo obliga a pedir el desafuero del diputado para que sea procesado en un tribunal de justicia común por la muerte del joven Moya.
El lunes pasado, Magaña se sometió a la prueba toxicológica en el Instituto de Medicina Legal de Ahuachapán, pero diez días después del accidente. El resultado del mismo fue negativo.
“El resultado del examen ha sido extemporáneo, por lo consiguiente no esperamos que sea algo beneficioso para la investigación”, dijo el jefe de la oficina fiscal de San Salvador, Santiago Hernández Pérez.
“Diez días es sumamente difícil encontrar algo”, dijo el fiscal Melara en la entrevista radial.
Hernández Pérez volvió a cuestionar la actuación de la jueza Primero de Paz de Ahuachapán, Blanca Rosa Mármol y de los policías de Tránsito, tal como lo había hecho el fiscal Melara, días antes.
Con respecto a la jueza, el fiscal Hernández aseguró que ella se negó a realizarle la prueba de toxicología al diputado Magaña en el período de la flagrancia, cuando ya lo había autorizado. Ella alegó que no lo podía ordenarlo, porque el imputado es diputado y tiene fuero constitucional.
“La actuación de la señora jueza de Paz de Ahuachapán, específicamente, Primero de Paz, negó al momento de realizar la extracción de fluidos, no obstante, que ya había autorizado”.
También la actuación de los policías de Tránsito “en el sentido de que no dieron cumplimiento a lo que dice el artículo 180 del Código Procesal Penal, es decir hacer una inspección con la recolección de todos los elementos que resultaron en la escena”.
Los fiscales aseguraron que si las diligencias se hubieran realizado en el tiempo de la flagrancia, entonces se le estaría acusando también a Magaña de conducción peligrosa de vehículo automotor y portación ilegal de arma de fuego.
Magaña huyó del sitio del accidente y dejó su arma de fuego en el vehículo con el que supuestamente provocó el accidente y el cual está a nombre de una residente de Chalchuapa, Santa Ana.
Fiscal denuncia a jueza y policías
El fiscal Melara dijo el lunes que habían denunciado a la jueza Mármol ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investigue su actuación en el caso.
“Es una certificación que emite la Fiscalía ante la Sección de Investigación Judicial para que una vez terminado el proceso administrativo que se sigue en la Corte Suprema, se le pueda amonestar de acuerdo a lo que la ley estime”, dijo Melara.
Agregó que “la falta de criterio de la jueza ha puesto en riesgo poder obtener evidencia determinante para poder establecer si esta persona iba conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia de otras drogas”.
También denunció ante la Inspectoría General de la Policía a los agentes de Tránsito por su presunta negligencia en el procesamiento del sitio donde ocurrió el accidente.
