Tres años pasaron ya desde que se le dio vida al centro escolar Caserío Los Almendros, en el cantón Punta Remedios de Acajutla, Sonsonate. Al iniciar el año escolar 2022, hay evidentes cambios: sus alumnos pasaron de estar a la intemperie, bajo unos plásticos, sentados en troncos y pupitres prestados, a recibir clases en una pequeña galera de lámina, protegidos al menos de las inclemencias naturales.
Pese a estas escasas mejoras, la escuela todavía carece de electricidad, agua potable, servicios sanitarios, aulas, más docentes, espacio recreativo y material didáctico.
La fachada del centro escolar no es azul ni blanco, es de color lámina cubierta de polvo. Hay rótulos con indicaciones para prevenir el contagio del covid-19, aunque los alumnos no usan mascarilla.
La escuela parece una casa más del caserío, construida de láminas en medio de unos raquíticos arboles de teca, pero en su interior están los pupitres que fueron donados por el penal La Esperanza de Mariona, por medio de la Dirección de Centros Penales, para que los alumnos se sintieran más cómodos al recibir sus clases.
La escuela fue inaugurada el 12 de enero de 2019. Ahí, estaba ya la maestra Gladis Adelayda Sánchez Flores, de 38 años, quien ha entregado a la docencia ocho años de su vida. Sus primeros cinco los trabajo como profesora en el centro penal de Sonsonate, enseñando a reos comunes y de alta peligrosidad, pero renunció y comenzó a educar niños de 6 a 15 años, de preparatoria hasta sexto grado. “Nosotros vamos a continuar, ya pasamos tres años en peores condiciones, ahora yo creo que estamos un poco mejor y tengo muchos más niños de cuando inicié”, afirmó la docente.
El 2019 comenzó con 28 alumnos, el siguiente año asistieron 32 y esta año hay 40 estudiantes.
Al inició, la maestra trabajó sin recibir salario, solo contó con la colaboración voluntaria de los padres. Ahora, como profesora interina, recibe un sueldo por parte del Ministerio de Educación.
En la pequeña galera, que a su vez es aula, dirección, cocina y bodega, hay un par de libros apilados que fueron donados, pizarras que sirven para desarrollar las clases y colocar el periódico mural. Entre los alumnos, cinco ya recibieron las computadoras, pero no pueden usarlas porque el caserío no tiene electricidad.
Promesas
La maestra aseguró que en su primer momento el Ministerio de Educación le dijo que no podía levantar una escuela por no contar con terreno propio, pero que iban a encontrar la manera de ayudarles. En el 2019, el viceministro de Educación Francisco Castaneda prometió agilizar trámites para la construcción de la escuela, pero hasta la fecha todo quedó en promesa. El viceministro visitó la escuela después de una publicación de El Diario de Hoy sobre las condiciones en las que los alumnos recibían clases.
Unas de cal y otras de arena
No todo es negativo. La maestra asegura que una persona que prefiere el anonimato, se ha comprometido a donar un terreno para la construcción de una escuela, pero todavía están esperando la respuesta del Mined. “La persona que donó el terreno se reunió con la señora María Chichilco y ella se comprometió a que iba hacer un modelo de nueva escuela para esta comunidad; luego se vino la pandemia y eso quedó así. Ahora no sé por qué motivo no se ha retomado”, explicó la maestra.
Santos Tomás Velásquez Amaya de 11 años cursa sexto grado. Pese a haber recibido la laptop de parte del Mined no la puede usar porque no tiene electricidad y tampoco internet. Su abuela Rosabel Marina Méndez de Amaya, de 58 años, no está segura de que su nieto continúe estudiando, ya que la escuela más próxima al caserío está a siete kilómetros.
“Ya le dieron la computadora, pero como no tenemos luz, no podemos darle uso. La comunidad pide a gritos la ayuda del Ministerio de Educación para que los niños tengan una escuela digna, con agua, luz, porque es muy importante para ellos”, expresó de Amaya.
Para el presidente de la Adesco, Salvador Hernández Chavarría, la comunidad tiene derecho a recibir ayuda de las instancias correspondientes a pesar de estar viviendo en tierras que no les pertenecen.
En Los Almendros hay 65 familias, desplazados de diferentes partes de Acajutla, que llegaron en el 2011 y se han adaptado a vivir sin electricidad y recogiendo agua de una cantarera con una bomba manual. “Nosotros estamos completamente abandonados en la zona, seguridad no se ve, la solicitamos y nada”, afirmó Chavarría.
“Nos afecta que las familiares vivan en tierras usurpadas porque por eso no pueden meter proyectos de agua y luz. Las casas son hechas de láminas y sus interiores de nailon para poder dividir, no hay sanitarios”, expresó la maestra.
“Al ministerio de Educación lo que yo le pido es que me tome en cuenta en el proyecto de mi nueva escuela o en cualquier otro proyecto, pero que me construya la escuela. Lo que quiero es que aprovechen el terreno que nos están donando, que se comprometan para tener en mejores condiciones a los niños. La construcción de la escuela es para mi lo esencial”, enfatizó la docente.