“Fue una forma de presión”. Así fue como Nayib Bukele justificó la incursión con militares y policías fuertemente armados al recinto legislativo el 9 de febrero de 2020.
Un mes y medio después de la toma armada del Congreso, en una conversación con el popular rapero “Residente”, el presidente salvadoreño reconoció lo que había tratado de esconder pero que resultaba obvio: que metió a los cuerpos armados a la Asamblea para ejercer una presión sobre los legisladores, que en ese momento eran en su mayoría opositores y se resistían a aprobar un préstamo para seguridad del cual había poca transparencia.
Golpea la Constitución
Esta admisión de que su ánimo fue ejercer presión riñe con lo que la Constitución establece en su artículo 125: que “los Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo”.
Es decir, que la Asamblea Legislativa es un órgano autónomo e independiente de la Presidencia de la República y los diputados que la integran representan a los salvadoreños, por lo que no pueden ser coaccionados a deliberar o votar de ninguna manera.
La misma Sala de lo Constitucional legítimamente electa en 2018 dijo en una resolución el 10 de febrero de 2020 que es inconstitucional usar a policías y militares para ejercer una presión sobre otro órgano de Estado.
En su resolución, el tribunal ordenó a Bukele que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
Es decir, la Sala aclaró que las acciones del 9 de febrero implicaron la politización de los cuerpos de seguridad, algo que se prohibió en los Acuerdos de Paz y un rompimiento del balance de los poderes, pues ese día el presidente trató al Legislativo como un cuerpo al que puede darle órdenes por la fuerza y no como un órgano autónomo y con capacidad de deliberar por su cuenta.
Además, el 9 de febrero Bukele también adelantó que cada vez que no logre sus objetivos por la vía política y pacífica, puede recurrir a la fuerza para lograr sus objetivos.
Por ello, fue reprendido por el artista “Residente”, quien le dijo a Bukele que “esa presión se pudiese ejercer de una manera sin Ejército” y le invitó a usar su poder de negociación de maneras pacíficas.
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Dos años después, la Asamblea sigue sin autonomía
Desde 2020 hasta la actualidad, el panorama político ha cambiado profundamente, pues la Asamblea Legislativa ha dejado de ser en su mayoría opositora y el oficialismo controla dos tercios de los escaños.
Esto ha reforzado la idea de que el Congreso es una sucursal de Casa Presidencial y no un cuerpo autónomo como manda la Constitución.
En sus primeros meses, los diputados del oficialismo han demostrado que su labor es la de “tramitar” de forma exprés las iniciativas de Casa Presidencial, algunas de las cuales suponen la consolidación del poder en torno a una sola persona: Bukele.
Iniciativas de alto impacto, como la destitución ilegal de magistrados, el fiscal general o un tercio de los jueces del país han sido aprobadas de forma acelerada. Leyes como la de Bitcoin también fueron avaladas sin mayor deliberación.
En resumen, la autonomía parlamentaria en El Salvador ha dejado de existir. La idea de un Legislativo deliberativo, pluralista y representativo ha sido sustituida por una aplanadora poco interesada en la legalidad y muy proclive a la matonería en virtud de ser la mayoría. Hoy por hoy, los diputados parecen estar sometidos al presidente y parecen emular sus conductas antidemocráticas.