Un reporte brindado por el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, indica que esa institución ya recibió 80 denuncias contra centros educativos del sector público, y 40 de colegios que habrían incurrido en abusos relacionados con los servicios que brindan.
Las denuncias, según detalló, son investigadas a través de las direcciones departamentales y oficinas de transparencia que tienen a nivel nacional, ya que eso está prohibido a la luz del artículo 113 de la Ley General de Educación.
Algunas de los casos denunciados tienen que ver con el hecho de que las instituciones condicionan la entrega de notas al pago de boletos para excursiones, fiestas; otras se refieren a que les exigen a los padres que compren libros de texto en la institución a precios por arriba del mercado, o exigen otro tipo de aranceles cuando los tutores quieren cambiar a sus hijos de centro educativo. “Eso no es permitido y va en contra del derecho natural y genuino de los niños y jóvenes a la educación”, sostuvo.
El viceministro subrayó que ya instruyó a la gerencia de acreditación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para que verifique la situación de las instituciones de enseñanza y evitar que no existan este tipo de exigencias o abusos hacia las familias, a excepción de que esos aspectos hayan recibido el aval de no menos del 70% de los padres de familia en asamblea general que haya sido convocada para tratar esos puntos.