PANAMÁ. La paralización de los proyectos de infraestructura por los casos de corrupción es un dilema que hace cada vez más pobres a los gobiernos de Latinoamérica, por lo que se debe adoptar nuevos mecanismos para evitarlo, ha planteado el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, en esta ciudad.
El estancamiento, en la mayoría de los casos, se debe a que se impone la anulación de los contratos de las obras en ejecución, una sanción que afecta tanto a “justos como a pecadores”, declaró el alto ejecutivo que participa de un foro de transparencia en Panamá.
“En casi la mitad de los países de la región hay investigaciones en marcha por la corrupción en proyectos de obras públicas, además un número importante de políticos y empresarios de la construcción cumplen procesos penales, y varios de ellos condenas”, expresó Moreno.
En El Salvador, uno de los casos emblemáticos de obra pública paralizada y precedida de escándalos de corrupción es la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, la cual debió estar concluida en 2013, y que además de los cinco años de retraso que lleva, costará $157 millones más, que se suman a los $219 millones que fueron presupuestados al inicio.
La extradición de Funes aún no es discutida por Corte
La Corte necesita ocho votos para tomar una decisión sobre el caso del expresidente asilado en Nicaragua desde 2016.
Durante la gestión del expresidente Mauricio Funes, el Estado pagó a la italiana Astaldi 108 millones de dólares por un hoyo que es donde luego se ha edificado parte de la millonaria obra, la cual se proyecta será terminada a finales de 2020, con siete años de retraso.
En agosto de 2015, una auditoría de la Corte de Cuentas determinó que la Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL, dueña del proyecto, sobrevaloró la obra de la presa El Chaparral y violó la política de austeridad, al pagar mediante un “arreglo directo”, $108.5 millones a la constructora Astaldi a pesar que la obra estaba al 29 % de construcción.
Transparencia debe ser prioridad
Moreno, presidente del BID, indicó que la transparencia e integridad actualmente son una máxima prioridad en la agenda política de la región, pero el ejercicio de la penalización no deja de ser difícil e indispensable para las democracias.
“La principal consecuencia de esta crisis es que muchos de los países han paralizado inversiones, y de la mano, la ejecución de muchos proyectos de obras públicas, esto es grave porque necesitamos modernizar nuestra infraestructura para desarrollarnos y tener más productividad”, manifestó.
El directivo explicó que América Latina tiene que invertir un 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, pero en las últimas dos décadas solo se ha realizado la mitad; sin embargo, expuso que países de Asia invierten hasta 8 por ciento de su PIB.
Proyecto inconcluso El Chaparral genera descontento en habitantes de la zona aledaña
Habitantes de los municipios de Carolina y San Luis de la Reina que viven alrededor del proyecto El Chaparral, bloquearon el acceso a la presa debido al incumplimiento en obras de beneficio social que CEL les prometió.
“No solo nos estamos quedando atrás, la paralización de las obras nos está haciendo más pobres”, advirtió Moreno en la inauguración del I Foro para Fortalecer el Diálogo Regional en Materia de Transparencia en la Inversión y Proyectos de Infraestructura.
Citó como ejemplos de paralización por casos de corrupción a naciones como Colombia, que cuenta con varios proyectos valorados en millones de dólares que no han sido terminados por estar en procesos de litigios.
Brasil, ejemplo de corrupción
De igual forma está Perú, cuyo gobierno calcula que hay proyectos pendientes de ejecución por más de 9,000 millones de dólares, a la vez contabilizan la pérdida de miles de empleos y decenas de empresas en quiebra.
En el caso de Brasil, las obras paralizadas por irregularidades totalizan unos 27,000 millones de dólares, una cifra que supera el PIB de un país como El Salvador.
“Estas paralizaciones se producen porque la mayoría de los países exige que ante hechos de corrupción en obras públicas se anulen los contratos, el principio es claro, la corrupción no debe ser rentable; el problema es que la nulidad trae consigo un efecto derrame que castiga a muchas personas”, señaló Moreno.
Enfatizó que para salir de esa trampa, se debe hallar respuestas complementarias a la nulidad que castiga a los corruptos, pero que también permita la continuidad de las obras.
El foro Fortalecer el Diálogo Regional en Materia de Transparencia en la Inversión y Proyectos de Infraestructura, y tiene la finalidad de promover reformas legales e institucionales basadas en tecnologías de la información que incrementen la transparencia y la integridad.
El BID y los representantes de diversos países buscan extraer las lecciones tras los escándalos de corrupción en la región que han costado millones a diversos países.
Un caso emblemático y para el análisis ha sido el papel de la compañía constructora brasileña Odebrecht, indicó Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de 12 países recibieron 788 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a cambio de contratos para proyectos de infraestructura entre 2001 a 2016. El Departamento de Justicia le impuso una multa a la empresa de 3,500 millones de dólares.
Solo en República Dominicana, por ejemplo, las autoridades impusieron una multa de 184 millones a esa empresa tras comprobarse que sobornó a varios empresarios para hacerse de diversos contratos en el sector público. Ese montó representa el doble de los 92 millones que los ejecutivos de Odebrecht admitieron que repartieron en sobornos a funcionarios que les ayudaron a ganar contratos sobrevaluados con el mismo Estado dominicano.
De igual manera, este año, Dominicana sancionó con 7 millones de dólares a la compañía aeronáutica Embraer por haber dado sobornos por 3.5 millones de dólares a militares, empresarios y funcionarios para asegurar la venta al Estado de una flotilla de ocho aviones Súper Tucano A-29B.
En 2010, el ahora prófugo expresidente Funes, valoró la compra de una flota de este tipo de aviones a esa compañía brasileña, pero al final El Salvador pagó $8.5 millones por 10 aviones de combate A-37 a Chile.
Moreno, por su parte, resaltó que en la mitad de los países de América Latina se han adelantado investigaciones por corrupción en obras públicas y que esta rendición de cuentas no tiene precedentes en la región. ‘Es un ejercicio difícil, pero indispensable para nuestras democracias, porque la credibilidad de nuestras instituciones está en juego’, dijo.
El presidente informó de que el BID presentará este viernes, un informe con las recomendaciones de expertos para abordar la transparencia y la corrupción en los proyectos de construcción. En el documento recomiendan esquemas para separar la parte dañada de contrato, sistema de contraloría social y sanciones.
La presa El Chaparral costará $181 millones más
El hoyo de 50 metros de profundidad que comenzó a cavarse desde hace muchos años, por fin tiene una estructura definida. En él se instalarán dos turbinas de 33 megavatios cada una, y una turbina de 1.42 más pequeña, serán colocadas en cuanto se afine la colocación de varios accesorios que ya fueron llevados al predio.
“Nuestro objetivo es analizar el impacto económico de esta crisis y buscar respuesta que sirva para remediarla y prevenirla (…), la infraestructura no es solo clave para el desarrollo de economías, sino una herramienta indispensable para mejorar vidas, y ningún país puede darse el lujo para mantenerlas paralizadas”, reflexionó Moreno.
Junto a Moreno asistió al evento el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, y la gerente del BID para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití, Verónica Zavala.