Diez policías fueron detenidos esta semana en estado de ebriedad en dos hechos. A ocho de ellos, capturados el lunes en la cercanía del lago de Coatepeque, se les acusa de disparar al aire y también agredir a un menor de edad que intentó auxiliar a uno cuando cayó de una motocicleta.
Otros dos policías que están destacados en la subdelegación de Quezaltepeque, en La Libertad, fueron arrestados en la Avenida Los Diplomáticos, en el barrio San Jacinto. Regresaban ebrios de una excursión y portaban su arma de fuego.
Estos casos se unen a otros donde el alcohol ha estado de por medio cuando policías han cometido crímenes. A mediados de julio, el policía José Luis Sandoval asesinó a su hijo, de 14 años, cuando estaba ebrio porque el menor le había pedido que ya no siguiera tomando y que no saliera a la calle. El crimen fue en la urbanización Villa Mariona 2, en Cuscatancingo. El imputado sigue preso mientras la Fiscalía investiga los hechos.
Mientras que en la fiesta navideña del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) hubo alcohol y terminó con el feminicidio y desaparición de la agente Carla Ayala, cuyos restos fueron enterrados el 21 de septiembre en medio de honores, pese a que su asesino, el expolicía del exgrupo élite, Juan Josué Castillo Arévalo, sigue prófugo.
En medio de estos casos protagonizados por policías salta la pregunta de si reciben atención psicológica y la respuesta es que sí la reciben pero el personal no es suficiente.
La PNC solo dispone de 33 psicólogos para atender a un plantilla de casi 28,000 agentes, según confirmaron ayer en la Unidad de Comunicaciones de la Policía.
Eso implica que un sicólogo atiende a un promedio de 848 agentes, quienes en muchas ocasiones también enfrentan amenazas de pandillas y son abandonados por la institución cuando denuncian sus casos.
En esa instancia de la PNC explicaron que hasta la fecha son 33 sicólogos, pero que la institución está en proceso de contratar a más personal con esa especialidad, pero no precisaron el dato. También indicaron que la Policía tiene en proyecto que la unidad médica pase a ser un policlínico para ampliar los servicios. “Eso requiere que en el centro médico haya un espacio con por lo menos dos psicólogos de turno”, explicaron en comunicaciones.
Otra medida que la Policía tiene proyectado hacer es que en cada delegación haya una sala de atención psicológica. “Es un proyecto que va gradualmente y en cada delegación debe haber una sala de atención psicológica si no la tiene”, añadieron.
La semana pasada el subinspector Fausto Carranza Noyola, en calidad de vocero de la Policía, indicó que la División de Bienestar Policial desarrolla un programa de salud mental en las delegaciones policiales del país. Este consiste en brindar atención psicológica, médica, educación física y trabajo social a los agentes.
Sin embargo, el secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, desmiente que todos los policías reciban atención psicológica. Según él, la Policía solo ha destinado psicólogos en las delegaciones grandes, como San Salvador, San Miguel y Santa Ana, y que a pesar de eso hay poca o nula atención.
La violencia contra las mujeres, un problema en la Policía
Ya hay condena contra un jefe policial y otros agentes son procesados en diferentes casos.
“El inconveniente que tienen ellos es que no los apoyan de parte de las jefaturas que están ahí, porque los psicólogos necesitan, por ejemplo, transporte para llevar al personal a un evento de recreación, ya sea la playa o algún balneario o para que el personal se distraiga. En muchas ocasiones ellos solicitan transporte, se lo niegan, les dicen que no hay, que no lo pueden autorizar”, afirma Reyes.
En la Unidad de Comunicaciones afirmaron que los policías reciben apoyo para ir a sus consultas psicológicas. “Es algo normal o de rutina. Eso es parte de los servicios médicos”, dijeron.
Según Reyes, varios de los actuales sicólogos insisten a las autoridades que generen las condiciones para atender a sus colegas, pero hay otros que no lo hacen.
Una reciente investigación de El Diario de Hoy reveló que un policía renuncia cada día por las amenazas de pandillas. Pese a las estadísticas, la Policía no los atiende, así que por su cuenta buscan cómo desplazarse, cómo huir de la violencia, como el caso del agente “Cobra”, quien fue atacado en dos ocasiones por pandilleros y tuvo que vender sus pertenencias para huir con su familia a Inglaterra, donde tramita una residencia permanente.
La mayoría de los policías amenazados por pandillas, como los otros 975 que denunciaron entre 2013 y agosto de 2018, es del nivel básico. Ellos patrullan comunidades que tienen alto índice delincuencial, e incluso, algunos viven en esas zonas.
Una propuesta al vacío
A inicios de este año, el MTP presentó una propuesta a la Dirección General de la Policía para que 230 policías que, según el movimiento, tienen títulos en Sicología y Trabajo Social, pasaran al área de salud ocupacional y recibieran una remuneración por ello.
Otra de sus propuestas era que la Policía coordinara con universidades u oenegés para que estas atendieran a los agentes en sus clínicas psicológicas o que fueran atendidos por estudiantes que hacen horas sociales. .
La Policía necesita una Unidad de Salud Mental para evitar suicidios, según sicólogo
Fortín Magaña señala que “los homicidios y los suicidios en la corporación policial son ejemplo de cómo nuestra sociedad está trastornada y trastocada por el binomio violencia-desesperanza”.
Nueve meses después, cuenta Reyes, la propuesta no ha prosperado y ni siquiera reciben una respuesta a su petición. Dice que tampoco el MTP ha pedido respaldo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, institución que a través de su titular, Raquel Caballero, se ha pronunciado por la necesidad que tiene la Policía de ser atendida sicológicamente.
Previo a la petición del MPT, el escenario en la Policía era el siguiente: Carla Ayala había sido desaparecida; la noche del 31 de diciembre, el agente Alfonso Mejía Coto aparentemente asesinó a su colega Lorena Beatriz Hernández en uno de los dormitorios de la subdelegación de la colonia Zacamil, en Mejicanos.
El policía, según la investigación, andaba alcoholizado y después de una pelea con la víctima hizo creer a sus compañeros que ella se había suicidado, pero la Fiscalía dijo que Hernández no tenía señales de plomo en las manos. El imputado tenía una relación amorosa con ella y se supone que la mató porque le advirtió que no saliera a beber.