Testigos fiscales que declararon en el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca señalaron al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que los bancos y la Corte de Cuentas de la República no alertaron sobre los movimientos y el uso de fondos públicos entre 2004 y 2009.
Según la investigación, en la administración Saca se desviaron $300 millones. Una exsecretaria de un banco privado señaló que en una ocasión la institución para la que ella trabajaba informó sobre un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), pero el presidente de la institución financiera dijo que esto se omitiera.
La testigo dijo que el titular del banco también les avisó que Pablo Gómez, excontador de la Presidencia y el condenado a la mayor pena, 16 años, llegaría a realizar cobros de cheques en efectivo y ordenó que le dieran “facilidades”, un trato que no vio en otro cliente.
Según la exempleada bancaria, Gómez también realizó diversas transacciones por $50,000 al partido ARENA, pero no hay registros de la persona que recibía el dinero, según la Fiscalía.
Expresidente Saca deberá devolver al Estado $260 millones
Además el Tribunal sentenció otras cifras que deberán reintegrar al país cada uno de los condenados
La Superintendencia del Sistema Financiero registró entre 2004y 2009 que la banca emitió 883 ROS, y solo en una ocasión se mencionó a una de las personas del caso “Destape a la Corrupción”, cuyo nombre no fue revelado.
Anomalías en auditorías
Mientras que la Corte de Cuentas de la República, el ente contralor de los gastos públicos, nunca señaló irregularidades en las auditorías que realizó a la Presidencia en la administración de Saca.
En el juicio declaró Alfonso Bonilla Hernández, auditor de la Corte, quien afirmó que el expresidente de institución, Hernán Contreras, le ordenó realizar auditorías de gastos reservados saltándose los pasos que la ley establece.
De acuerdo con el testigo, Contreras le dijo que los análisis financieros los realizara desde su oficina, pese a que por su experiencia, señaló, el auditor tiene que ir a la institución.
El jefe de la Unidad Financiera de la Fiscalía, Jorge Cortez, informó ayer que la investigación por el caso Saca sigue abierta. En su momento, uno de los fiscales del proceso no ahondó si investigarían a Bonilla Hernández y Contreras por los señalamientos, pero sí dijo que a partir de “Destape a la Corrupción” se desprendían otras investigaciones.
De acuerdo con Saca, durante su gestión, recibió 47 cheques por $13,370,000 que los pasó a su exsecretario privado, Élmer Charlaix, para que él los depositara a cuentas personales.
Entre los beneficiarios de su red estuvo la exprimera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, a quien le pagaba en concepto de salario $10,000 mensuales, pese a tener un cargo ad honorem. El expresidente condenado dijo que también se recetó un salario de $60,000. Al mismo tiempo recibía ingresos de sus empresas.