Juez analiza si procesa por feminicidio a tres acusados caso Ayala

La Fiscalía pidió procesar por ese delito al principal acusado, Juan Josué Castillo, y a otros dos cómplices.

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Carla Ayala fue asesinada por el agente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan José Castillo Arévalo, la madrugada del 29 de diciembre de 2017, tras una fiesta de fin de año en la sede de la referida unidad especializada. Foto EDH/Cortesía

Por Stanley Luna

2018-09-11 10:54:50

El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, analiza procesar al principal sospechoso de matar y desaparecer a la agente Carla Ayala, el miembro del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo, por feminicidio y ya no por privación de libertad.

Para comunicar su decisión, el juzgador ha programado a las partes a una audiencia principal a realizarse el próximo viernes por la tarde.

De acuerdo con la Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, el pasado viernes la Fiscalía General de la República pidió a Arévalo Ortuño el cambio de calificación de delito para Castillo Arévalo y para los expolicías Ovidio Antonio Pacheco y Wilfredo Deras, en complicidad del feminicidio de Ayala Palacios.

Ese día, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, anunció que habían localizado una osamenta en el caserío Los Ríos, en el cantón Los Hornos, en San Francisco Javier, Usulután. Se hizo el proceso de exhumación y el pasado lunes, el Fiscal General, Douglas Meléndez, informó que la prueba de ADN confirmó que los restos hallados eran de la agente.

Castillo Arévalo es originario del municipio donde ocurrió el hallazgo, y a decir de Meléndez, tienen hay indicios de que el ex-GRP está vinculado a otros crímenes en la zona junto a otras personas.

Aunque el funcionario no indicó qué tipo de delitos, Arévalo Ortuño dijo a un medio impreso en junio que testigos no relacionados al caso de Ayala, habían señalado que el GRP tenía un cementerio clandestino en el sector del Bajo Lempa, en Usulután.

La judicialización del caso

La Fiscalía presentó a inicios de enero la acusación contra Castillo Arévalo, dos familiares suyos, y contra Pacheco y Deras. Estos dos últimos fueron delegados para llevar a Ayala a su casa, en Apopa, tras terminar la fiesta navideña en la sede del GRP, en las cercanías del Estadio Cuscatlán, la noche del 28 de diciembre del año pasado.

De acuerdo con la investigación, a ellos se les unió Castillo Arévalo, hoy prófugo del caso, quien en las cercanías de la residencial La Gloria, le disparó a Ayala. La Fiscalía dice que el disparo fue en la cabeza y que los policías delegados para esa misión no auxiliaron a la víctima.

Con estos nuevos indicios, el Ministerio Público realizó nuevas capturas y acusó a inicios de junio a 11 personas, incluido el exjefe del GRP, Julio César Flores, en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador.

La Fiscalía los señaló de feminicidio agravado, complicidad e incumplimiento de deberes. El juez decidió procesar el caso como un homicidio agravado.

Pero en la etapa de Instrucción, el Juzgado Octavo de Instrucción cambió la tipificación del delito nuevamente a feminicidio y lo remitió a un Juzgado Especializado de la Mujer, donde actualmente se ventila.

Castillo Arévalo, de acuerdo con Cotto, posiblemente está huyendo en México. Meléndez señaló el pasado lunes que la función de la Fiscalía es el proceso judicial, pero la función de la Policía es la capturar a los imputados en el caso.