La Fiscalía General señaló este martes que uno de los arraigos en que el juez Octavo de Instrucción de San Salvador, Mario Mira Monte, se basó para decidir que la exprimera dama, Vanda Pignato, siga procesada en libertad y sin medida tras una acusación por simular un delito, fue una constancia salarial extendida por la Secretaría de Inclusión Social que ella ha presidido en los dos Gobiernos del FMLN.
El documento fue emitido el 28 de agosto pasado, explicó un fiscal del caso, y en él se establece que Pignato devenga un salario de $6,000 mensuales como titular de esa institución, pese a que enfrenta cargos por lavado de dinero y activos desde junio de este año.
“Es una persona que tiene decretada una detención provisional en un caso. Está siendo juzgada en el Juzgado Quinto de Instrucción; sin embargo sigue como empleada y sigue percibiendo $6,000”, sostuvo el fiscal.
Vanda Pignato fue trasladada a hospital del Seguro Social
Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que exprimera dama aún no ha sido notificada de delitos.
El representante de la Fiscalía también señaló que desconocen si alguien ejerce las funciones que le correspondían a Pignato y que han pedido una certificación a la Secretaría de Inclusión Social para verificar la constancia que extendió.
El dato salió a luz ayer tras la audiencia especial que enfrentó la exprimera dama, en la que se determinaría si seguiría en libertad y sin ninguna medida por la nueva acusación, como lo decidió el 17 de julio pasado el juez Octavo de Paz de San Salvador, Carlos Béndix.
Esta audiencia fue ordenada por la Cámara Segunda de lo Penal, donde la Fiscalía apeló la resolución tomada por Béndix.
La Fiscalía sostiene en la nueva acusación que Pignato acudió el 10 de noviembre de 2016 a esa institución para pedir que se investigara una firma que, según dijo ella, le habían falsificado para la compraventa de una camioneta Lexus LX570.
La investigación fiscal indica que la firma sí era de la exfuncionaria y que ella compró el carro de lujo a Miguel Menéndez (conocido como Mecafé), un empresario y amigo del asilado y prófugo Mauricio Funes. Ella lo compró por $60,000 pero Mecafé había adquirido el auto ocho meses antes por $100,000.
Pignato, Funes y Mecafé son procesados en el caso Saqueo Público, ventilado en el Juzgado Quinto de Instrucción, en el que 32 personas son acusadas de lavar $351 millones del Estado en el primer gobierno del FMLN, de 2009 a 2014.