La Fiscalía General reafirmó ayer que el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a las reformas legislativas antilavado resta autonomía a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros (UIF) y propicia el incremento de la impunidad en el país.
Lo que está en juego con esta negativa legal es que la UIF dejaría de pertenecer al Grupo Egmont, una instancia que reúne a las unidades de investigación financiera de más de 156 países en el mundo, afirmó el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Jorge Cortez.
A raíz de un mal uso a uno de sus informes que hizo el expresidente efemelenista Mauricio Funes, hoy acusado de delitos de corrupción, el Grupo Egmont recomendó al país reformar el artículo 70 de la Ley que crea a la Fiscalía General de la República (FGR) que ubica al Fiscal General como director de la UIF.
“A partir del artículo 3 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos queda establecida la UIF, pero también es regulada por la Ley Orgánica de la Fiscalía, puesto que en el artículo 70 advierte que el Fiscal General dirigiría la UIF como una oficina afín, primaria y adscrita a la FGR”, defendió el fiscal Cortez.
Añadió que esa situación lo advierte el Grupo Egmont, como un riesgo sobre las investigaciones que realiza la mencionada unidad, ya que podría existir la posibilidad de que el Fiscal General, de alguna manera, pueda tener injerencia en la autonomía de la UIF en el aspecto operativo-técnico.
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El director de la Unidad Anticorrupción defendió que la autonomía de la UIF contemplada en la reforma, no le resta atribuciones constitucionales al Fiscal General, como argumentó el presidente Sánchez Cerén al vetar la medida.
La autonomía que se busca para la UIF es, a decir de Cortez, para “realizar el análisis operativo del desarrollo de sus funciones: recepción, análisis y diseminación de informes de inteligencia financiera y que esta unidad está obligada a poner en conocimiento al Fiscal General. En ese sentido y luego del proceso indagatorio, la UIF informaría al Fiscal General que existe la probabilidad o posibilidad de un delito por investigar, ya sea de lavado de activo, financiación de terrorismo y delitos conexos”.
Eso, añadió, es lo que el presidente de la República manda a los diputados que no aprueben, pero que como Fiscalía consideran que es necesario superar ese veto.
Cortez recordó que la UIF El Salvador está en proceso de cumplimiento de la sanción por la divulgación que hizo Funes de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que se mencionaba al expresidente Flores.
Funes divulgó el ROS en plena campaña presidencial en favor de su partido, el FMLN.
Significados de superar o no superar veto
Con la superación del veto presidencial se garantizaría que el país no sea suspendido ni expulsado de la membresía del Grupo Egmont y demostraría que se cumplen con todas las medidas de prevención y riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo.implicaría que el país ingrese a una lista gris o negra donde están los países que no cumplen con las medidas de prevención y combate de lavado de activo, y convertir al país en un paraíso fiscal.
Para evitar que esa experiencia se repita “el Grupo Egmont busca eliminar todo tipo de injerencia, amenaza, uso indebido o circunstancias” que afecte la integridad de los informes de carácter reservado.
Quedar fuera del Grupo Egmont implicaría que la Fiscalía no pueda recurrir a instancias internacionales para investigar a expresidentes, ministros, diputados, grupos de pandillas y narcotráfico.
La Fiscalía no recibiría las alertas de operaciones financieras sospechosas que se detectan en otros países y sus investigaciones se limitarían a lo que se obtenga en el país.
En consecuencia, el país perdería confianza de ser sujeto de crédito por parte de organismos financieros internacionales y cerraría las puertas a inversionistas extranjeros al no ofrecerle garantías de transparencia y combate al delito.