Varios analistas y representantes de organizaciones sociales cuestionaron ayer el acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la República con abogados defensores del caso Saca, de que el expresidente Elías Antonio Saca y tres de sus exfuncionarios se sometieran a un proceso abreviado, mediante el cual se reducirían al mínimo sus condenas y la probable devolución de los fondos públicos desviados.
Para Eduardo Escobar, coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia, si la Fiscalía General de la República tenía suficientes pruebas sobre el cometimiento de estos delitos, “¿entonces por qué irse por el procedimiento abreviado, si estaba debidamente fundamentada la acusación?”.
Escobar interpreta este acuerdo como que la Fiscalía no tenía los suficientes fundamentos para sostener el caso durante el juicio y “buscó la vía de que se autoinculpen en el cometimiento de los delitos para obtener una condena de forma más expedita”.
Roberto Burgos Viale, experto en temas de transparencia, rechazó que el juicio abreviado en caso Saca sea histórico por su nivel. “No creo que sea un acuerdo histórico, al contrario, se está reflejando la costumbre histórica en el país de mantener en la impunidad los peores casos en los que se infringe la legislación”, enfatizó.
A su criterio esta decisión refleja que la impunidad queda al desnudo otra vez en El Salvador. El analista dijo que era inaceptable que una persona que sustrajo 301 millones de dólares termine devolviendo solo la décima parte.
Burgos Viale afirmó que al fiscal Cortez se le olvida que el artículo 193 de la Constitución establece, que la primer misión de la Fiscalía es defender los intereses del Estado y de la sociedad; “y nunca parecería que están en conflicto estos intereses como en este caso”.
Y lejos de ser un acuerdo “histórico”, como lo ha calificado la Fiscalía, y de sentar un precedente exitoso de una condena contra un expresidente de la República, “es un mecanismo de defensa para proteger otros intereses y que podrían replicarse en otros casos similares”, afirmó Óscar Campos, representante de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD). A su criterio, la Fiscalía debe explicar porqué tomó este acuerdo y “hacer del conocimiento cuáles son los alcances de esta decisión, porque ya no se van a conocer las demás pruebas y si hay más implicados en este caso”, dijo Campos en entrevista de Canal 33.
“No se sabrá si hay partidos políticos, empresas, bancos que recibieron dinero de Saca; porque si lavaron dinero, no lo pudieron hacer solo entre siete personas, hay más involucrados que no se conocen”, agregó.
Para Jaime López, de Transparencia y Contraloría: “La Fiscalía no puede venir a decir ‘como el resto del dinero no lo encontramos, eso va a desaparecer del proceso’”.