En el marco de la celebración del XXIV Foro de Sao Paulo desarrollado en Cuba, varios gobiernos latinoamericanos aprovecharon el evento para pronunciarse sobre la situación que atraviesa el país centroamericano de Nicaragua.
En concreto, 13 países (Argentina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) calificaron dichos acontecimientos como “graves y reiterados hechos de violencia que provocaron la pérdida de 300 vidas así como centenares de herido”.
Ese grupo de países se suscribio a una declaración especial sobre la situación de Nicaragua. Sin embargo el Gobierno salvadoreño se abstuvo de firmar dicha resolución. De hecho el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Cerén expresó abiertamente su apoyo hacia el gobierno de Daniel Ortega.
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El #ForoDeSaoPaulo continuará consolidándose como el imprescindible instrumento legado por Fidel y Lula, que nos permitirá reagrupar nuestras fuerzas y reafirmar nuestros ideales democráticos y revolucionarios. pic.twitter.com/F3PNYV0dXm
— Salvador Sánchez (@sanchezceren) 17 de julio de 2018
“Respaldamos la decisión del presidente (Daniel) Ortega de mantener un diálogo respetuoso con la oposición”, comentó adurante su ponencia. Asimismo señaló que “existen procesos desestabilizadores para derrocar un gobierno legítimo en Nicaragua”.
En cuanto al papel de los Gobiernos de izquierda, Sánchez Cerén dijo “Con nuestra unidad y sobre todo, en unión estrecha con el pueblo y sus organizaciones, derrotaremos los intentos de hacer retroceder la historia y las conquistas alcanzadas en duras jornadas de lucha”.
“El Foro de Sao Paulo es un mecanismo de diálogo y concertación política de más de un centenar de partidos y organizaciones de América Latina y el Caribe, fundado en esa ciudad brasileña en 1990 tras el derrumbe del socialismo en la Unión Soviética y Europa del Este y cuando la región enfrentaba las graves consecuencias de duras políticas neoliberales”, según informa un comunicado de Casa Presidencial.
Impecable declaración especial de 13 países sobre la crisis en Nicaragua.
América Latina confirma que no se quedará en silencio ante el baño de sangre de Ortega. pic.twitter.com/D39ZFNkW8z
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 16 de julio de 2018
En el texto de la declaración que Sánchez Cerén no firmó, los 13 países señalan:
1. Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
2. Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares.
3. Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país.
4. Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.
5. Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizadas a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
6. Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.