El bloqueo de la señal de telefonía celular en las cárceles es una medida que se ejecutará de forma permanente, aunque el plazo de las medidas extraordinarias de seguridad termine en octubre del presente año, ya que los diputados de la Comisión de Seguridad acordaron, ayer, reformar la Ley Penitenciaria para que quede plasmado que ya no será un mecanismo temporal.
“El tema de telecomunicaciones se rescata en un título completo para que ya no sean necesarias las medidas extraordinarias. Tras la aprobación de este dictamen, solicitaré que estas medidas sean derogadas”, informó el diputado del PCN, Antonio Almendáriz.
La implementación de centros intermedios de internamiento es otro de los mecanismos que se quedarán de carácter permanente, incluidos dentro de la Ley Penitenciaria, ya que con esto se evitará estar haciendo más ajustes y prórrogas a las medidas extraordinarias de seguridad, explicó el diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas.
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“Consideramos que éstas deben estar plasmadas en la Ley Penitenciaria. Algunas como las audiencias virtuales ya están en el Código Procesal Penal, pero ahora estarán mejor definidas”, añadió Almendáriz. El pecenista agregó que han definido lo concerniente a los regímenes de visitas en los centros penitenciarios y la forma en cómo se recibirán a los defensores en dichos centros.
En ese sentido, la Comisión de Seguridad de la Asamblea emitió un acuerdo favorable parcial, puesto que otros mecanismos, como la regulación de las visitas íntimas, deben ser analizadas, así como las audiencias virtuales, ya que algunos reos no se encuentran en un solo penal y hay necesidad de trasladarlos de un lado a otro, y muchas veces no se cuenta con la tecnología para hacerlo, explicó Vargas.
Para ARENA, la realización de audiencias virtuales así como regular las visitas íntimas serán analizadas a la luz de las observaciones que hizo la relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas (ONU), Agnes Callamard.
La funcionaria dijo en su momento que, además del hacinamiento en las cárceles, algunas medidas extremas de seguridad violan los derechos humanos de los presos.
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Afirmó que ha recomendado que cesen estas medidas y advirtió al Gobierno que, de mantenerlas, puede ser denunciado internacionalmente.
Para cumplir con lo señalado por la relatora, los legisladores también planean consultar a instituciones que velan por los derechos humanos en el país. “Eso hay que preguntarle a la Procuradora de Derechos Humanos; por el momento hay un consenso parcial en algunas medidas, pero no queremos cometer errores y estar corrigiendo cada 15 días o hacer las cosas a la carrera, cuando la prórroga que se ha dado vence hasta en octubre”, acotó Vargas.
Hace poco la Asamblea asignó $60 millones del impuesto de la seguridad para financiar las medidas extremas de seguridad. Falta por distribuir $45 millones de lo recaudado en el primer semestre del año. Buena parte de los fondos van también para programas de prevención del delito.