Juez dará resolución esta tarde sobre la incorporación de nuevos testigos al caso Saca

Los involucrados están en prisión desde octubre 2016 y son acusados por los delitos de malversación de fondos, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

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Foto EDH: Archivo

Por Diana Escalante/ Vanessa Jurado

2018-07-10 12:07:05

El Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador revelará este martes, a las 2:30 p.m., si admitirá o no pruebas que la defensa y la Fiscalía General de la República han pedido incorporar en el caso en el que el expresidente de la República, Antonio Saca, y seis exfuncionarios están siendo procesados por lavado de dinero y peculado.

Las pruebas que ambas partes han solicitado que se admitan no fueron tomadas como válidas por el Juzgado Cuarto de Instrucción, en la audiencia preliminar.

La defensa del exsecretario privado de Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix, pidió al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que incorpore a 28 nuevos testigos en el juicio por el presunto desvío de $301 millones, entre ellos al expresidente Alfredo Cristiani.

Los abogados de los imputados han pedido incluir a varios testigos y un dictamen de opinión técnica sobre el peritaje contable financiero. Mientras que el Ministerio Público solicitó que se admita el relato de un testigo con beneficios penales (criteriado) con el que pretende probar el saqueo de los fondos públicos.

Durante la audiencia Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones y quien es acusado de delitos de corrupción, aseguró que es inocente y que manejó dinero de la Secretaría de Comunicaciones en la administración Saca, de la misma forma que se hizo en gobiernos anteriores y en el actual.

Así mismo, Rank reprochó que lleva casi dos años en prisión y no hay pruebas nuevas en su contra.

 

Los procesados son el expresidente de la República Antonio Saca, César Funes, exsecretario de la Juventud; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones; Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia; Pablo Gómez, auxiliar técnico de la UFI, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de la Tesorería Institucional.

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La FGR los acusa de haber saqueado $301 millones entre 2004 y 2009, con un mecanismo parecido al que atribuyen al expresidente Mauricio Funes, quien enfrenta los mismos cargos: el desvío de fondos hacia la partida secreta de la Presidencia.