El expresidente Elías Antonio Saca y la supuesta red de lavado de dinero habrían blanqueado $191 millones del aproximado de $300 millones cuestionados, de acuerdo con la Fiscalía.
Uno de los fiscales del caso señaló ayer en el segundo día de la audiencia preliminar por presunto lavado de dinero y otros delitos, que el resto de los fondos habría sido lavado por medio de cheques.
“La Fiscalía debería tener una cuantía y una realidad de lo que ellos dicen, cuáles son gastos ilegales y cuales son gastos legales”, señaló Mario Machado, el defensor de Saca y de Elmer Charlaix, exsecretaro de la Presidencia.
Para el abogado, existen fondos señalados a la administración Saca (2004-2009) que son justificables por la discrecionalidad de la Presidencia de realizar ciertos gastos.
Juez restringe entrada de periodistas a audiencia de expresidente Saca
Fiscalía aclaró que no ha pedido al juez Rigoberto Chicas que niegue entrada a los medios. La Unidad de Prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez señaló que Chicas es quien a tomado la decisión.
Además, dijo que en el período del exmandatario se pagaron servicios con cheques como la reparación de aparatos de aire acondicionado, mientras que los pagos de sobresueldos de funcionarios y la operación del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) se hicieron con dinero en efectivo.
“Tiene que aplicarse toda la normativa de contabilidad gubernamental y todas las normas de transparencias para que el ciudadano esté seguro que sus fondos públicos son utilizados para actividades del Estado”, aseguró el fiscal del caso, al enfatizar que en los fondos públicos no existe la discrecionalidad, sino que la legalidad.
Por vencer plazo para acusar a Ana Ligia de Saca
La exfuncionaria y otras 16 personas son acusados de contribuir al desvío de más de $300 millones.
La audiencia inició el pasado 16 de abril pero fue reanudada ayer. En ambos días, el juez Cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, ha restringido la entrada a los periodistas. Fiscalía y Machado confirmaron que esa ha sido decisión de él, pues ellos no han solicitado reserva.
La Unidad de Prensa de la Corte Suprema de Justicia hizo referencia al artículo 133 del Código Procesal Penal, que establece que de oficio un juzgador puede decretar que una audiencia sea privada total o parcial.