La poca seguridad que les brinda la Policía Nacional Civil (PNC) golpea a los centros educativos en diferentes zonas de país. Las escuelas están amenazadas por constantes saqueos en el área rural y en la zona urbana.
Estos centros educativos se encuentran entre veredas, en zonas recónditas, donde son vulnerables a la delincuencia; un problema difícil de enfrentar para los estudiantes y los docentes.
“El hurto de los bienes del centro escolar es un gran sabotaje a la educación pública, porque a la escuela le quitan lo poquito que tiene y no hay forma de reponerlo”, expresa Francisco Zelada, secretario de Organización y Estadísticas de Simeduco.
Según registros del Ministerio de Educación (Mined), 65 centros escolares a nivel nacional fueron saqueados entre 2016 y principios de 2018. Los datos fueron obtenidos del informe sobre hurtos reportados a la Unidad de Activo Fijo de las 14 Departamentales de Educación.
En la información que fue solicitada a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Mined, solo el departamento de San Vicente no reporta hurtos en los centros escolares entre 2016 y lo que va de 2018.
Dentro de la información se puede observar que los centros educativos más afectados por el saqueo son los del departamento de San Miguel, en el que se reportan 20 escuelas que han sido blanco para que los delincuentes entren y sustraigan los materiales de valor que hay en las instituciones.
El departamento de Santa Ana reporta cerca de ocho saqueos en centros escolares; La Libertad, Morazán y Usulután presentan un hurto en seis escuelas; La Unión reportó cinco hurtos; Sonsonate, cuatro; San Salvador y Chalatenango, tres; y Ahuachapán y Cuscatlán, dos.
La suma de los centros educativos que fueron saqueados en la zona oriental es de 37 instituciones, esa cifra se encuentra alejada de lo 45 hurtos que reporta la Unidad de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR) de San Miguel para 2017.
Para el sindicalista Paz Zetino, ambos registros distan, debido a que poco ayuda la denuncia a recuperar el material perdido, porque “hay muchas escuelas que ni informan”.
“La percepción que tenemos nosotros es que el Ministerio de Educación es bastante negligente y nunca hace nada en estos casos”, lamentó Zetino.
Por su parte, Francisco Zelada criticó la falta de respuesta del Mined y de las entidades correspondientes porque “al hacer la denuncia, las autoridades como la Fiscalía y la PNC muchas veces no prosiguen las investigaciones de los centros educativos hurtados”.
Más casos
La población estudiantil no solo vive el acecho de las pandillas en las escuelas, sino que lo debe hacer con las precariedades que el vandalismo provoca en lugares aislados.
Ante la falta de muros perimetrales y techos en malas condiciones, hacen que los centros educativos sean blanco fácil para los delincuentes que buscan robar objetos como equipo de sonido y deportivos, y computadoras, sobre todo en el área rural.
Escuela de La Unión está en condiciones precarias
La falta de Ayuda del Ministerio de Educación ha hecho que alcaldías asuman responsabilidades.
En lo que va de abril, el Ministerio Público abrió expedientes en seis casos de hurto: El 3 de abril se reportaron hurtos en el Centro Escolar Caserío El Palón, de San Gerardo, en San Miguel y en el Complejo Educativo Rafael Ángel Martínez, en el municipio de Polorós, La Unión.
El 4 de abril, fue reportado el Centro Escolar Caserío Santa Cruz, cantón Minita, de Sesori; el 11 de abril el saqueo se produjo en el Centro Escolar Cantón Centeno, de la Unión; en el Centro Escolar caserío San Nicolás, de Sesori, y en el Centro Escolar cantón San Luisito, de Ciudad Barrios, ambos del departamento de San Miguel.
En 2017, 45 centros educativos fueron saqueados; para 2018 hay un registro de 25 hurtos a la fecha, es decir, en cuatro meses de este año, las cifras indican que el saqueo en las escuelas en el oriente del país es del 55 % del total de escuelas hurtadas de 2017 en San Miguel.
De enero a fecha, la Unidad de Intereses del Estado de la oficina fiscal de San Miguel han iniciado 25 expedientes relacionados a hurtos en centros escolares ubicados en la zona oriental del país, siete casos más de los reportados los primero cuatro meses de 2017, que fueron 18 en total.
De los posible hechores poco o nada saben las autoridades, debido a que los centros escolar afectados se encuentran ubicados en áreas rurales y desoladas.
Según Luis Alberto Vargas, jefe de la Unidad de Intereses del Estado, los delincuentes operan en horas de la madrugada y por lo general durante los fines de semana, en especial en época de vacaciones.
“Por el momento no se tiene idea de quién puede ser, porque no hay una persona que nos dé una luz para poder detener a estos sujetos”, dijo Luis Alberto Vargas.
Una vez los directores reportan el delito a las autoridades locales, deben de esperar que personal del Laboratorio Técnico y Científico lleguen al lugar a realizar la inspección en busca de un indicio que les lleve a los delincuentes.
“Quienes hacen el levantamiento de huellas determinan si hay probabilidades de huella; pero por el tipo de herramienta que utilizan me imagino que usan guantes para manejar la herramientas, eso impide que no hayan huella en el lugar”, lamentó el jefe fiscal, lo que limita aún más las posibilidades de individualizar a los saqueadores.
Después de que la Policía procesa la escena, levantan un acta que es remitida la oficina fiscal de ese departamento y ellos lo reenvían a la Unidad de Delitos contra el Estado, en San Miguel, formada por cuatro personas que conocen todos los delitos que atañen al Estado cometidos en los cuatro departamentos de la zona oriental.
“Cuando vienen los directores de las escuelas se les da una constancia donde se les hace saber que hay expediente abierto, este lo presentan al Ministerio de Educación, de lo contrario, a ellos les sería descontado lo hurtado”, explicó el jefe fiscal, quien cree que las escuelas deberían de tomar otras medidas de seguridad.
“Si están conformados el Consejo Directivo Escolar (CDE), en periodo de vacación o de fin de semana pudieran ellos sacar las computadoras, cañones o proyectores y trasladarlo para una casa; pero resulta que es prohibido sacarlos de la escuela, pero se evita que se los hurten, se debe de dilucidar esa situación”, sugirió.
Sin embargo, Francisco Zelada manifiesta que la seguridad de los bienes materiales de los centros educativos están a la orden de los delincuentes ante la ausencia de policías, ya que los territorios son controlados por las pandillas.
Consideran que estos ocurren sobre varias modalidades y la información se filtra desde los Consejos Directivos Escolares (CDE), donde hay representación de los estudiantes y padres de familia.
“Con facilidad, personas que andan involucradas en hechos delictivos pueden enterarse de la condición económica de los centros, de los recursos que tiene el centro educativo”, razón por la que son presa fácil para el hurto, dijo Zelada.
Poca denuncia e investigación
De acuerdo con los sindicalistas, los directores poco denuncian ante el Ministerio de Educación los saqueos porque la cartera de Estado no dan respuesta inmediata. Muchos tampoco lo hacen ante la Policía porque tampoco investigan.
El Diario de Hoy consultó a Ricardo Carrillo, vocero de la Policía Nacional Civil, para indagar si durante este año hay un incremento de hurtos en centros escolares; pero la Policía no tiene reporte de aumento de este delito, dijo.
“Como Policía Nacional Civil, por el momento no tenemos; pero en el caso hubiesen, para nosotros sería importante que por favor las dieran a conocer para tomar medidas”, indicó.
Carrillo explicó que la Policía, a nivel nacional, mantiene seguridad en muchos centros educativos. “Si quiero ser honesto, no podemos con todo, aunque cuando hay una buena coordinación con los maestros y policías podemos ser nosotros más oportunos con esta situación”, expresó.
El vocero policial afirmó que se han detenido a personas por hurtos en centros escolares, uno de estos fue Soyapango donde “hubo un caso en el que se llevaron el sonido del centro educativo, en esa ocasión habían sido personas miembros de estructuras criminales”, pero no especificó el número de detenidos.
Carrillo manifestó que se descarta la posibilidad de que haya bandas que están operando en la zona de oriente; aunque el problema es que el delito de hurto en escuela “se agrava cuando la población o la comunidad se da cuenta y no lo ha denunciado oportunamente, entonces esto contribuye a que el delincuente pueda cometer sus hechos”.
Según Francisco Zelada, los hurtos en los centros educativos no es un robo al Estado, ni al Gobierno “ es un fuerte golpe al programa de estudios, a los métodos de enseñanza del maestro, porque los maestros ya tienen la planificación didáctica programada con los recursos que tiene la institución y los niños se motivan porque se actualizan con mucha información en poco tiempo. Entonces al faltar el recurso, los maestros ven desmotivación de los estudiantes, porque ellos ven en la tecnología una oportunidad del futuro”.
De los 65 centros escolares que reportan robo durante dos años, el Mined ha dado respuesta a 23 centros educativos dotándolos con reposición de material, en su mayoría son computadoras Lempitas; mientras otros 28 no han recibido respuesta del Mined y de 14 centros educativos no tenían datos.
Zelada advierte que las entidades de seguridad y el Mined deben poner atención ante la vulnerabilidad de los centros educativos en cuanto hurtos en el mobiliario, enseres eléctricos, alimentos, material deportivo, instrumentos musicales y deterioro del patrimonio de las instituciones educativas porque esto dificulta más la labor y la administración de las instituciones que funcionan con poco fondos.
“La complicación se da en la necesidad de contratar servicios de vigilancia que no se encuentra contemplado dentro del presupuesto de funcionamiento de los centros educativos porque los presupuestos son de 1,500 dólares al año, entonces para pagar vigilante requieren de 5,000 dólares en el año”, dijo.
El material robado “es difícil de reponer porque son equipos caros, porque no se puede tomar del dinero del funcionamiento porque se deja descubierto los servicios de energía eléctrica y agua potable, entonces un hurto en un centro educativo es algo que no se logra superar”, lamentó.
A esta problemática se suma que los docentes y padres de familia no hacen las denuncias por temor a represalias de los delincuentes.