El capitán del Estado Mayor Presidencial (EMP), Lisandro Moisés Chávez Vigil, quien fue condenado la semana pasada por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla por fraude procesal, pagará su condena de cinco años de cárcel en el centro penal de Metapán, Santa Ana.
La oficina de prensa del centro judicial informó ayer que el tribunal de Sentencia de Santa Tecla recibió la notificación de la Dirección General de Centros Penales, donde se establecía que Chávez Vigil sería trasladado al centro penal de Metapán donde purgará la condena de cinco años de prisión.
La asignación del penal de Metapán la realizó Centros Penales luego de realizar un análisis de las condiciones del imputado y su entorno.
Hasta ayer el militar permanecía en detención en la sede del Estado Mayor, según la oficina de Prensa.
Chávez Vigil fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla por el delito de fraude procesal, debido a que el condenado ordenó a varios de sus subalternos retirar una camioneta involucrada en un accidente con saldo mortal, sin que lo ordenara la autoridad judicial, “ya que se evidenció la alteración de los medios de prueba que demostraron algo distinto de la verdad histórica real, vinculada a una investigación o actuación judicial o fiscal”, según el fallo.
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El juicio donde se condenó al militar se instaló el pasado 16 de febrero y concluyó en horas de la noche del mismo día.
En su resolución el tribunal determinó que Chávez Vigil fue el responsable de haber ordenado alterar la escena del accidente de tránsito donde una camioneta de la Presidencia atropelló a un motociclista que murió a raíz de los golpes recibidos.
Chávez Vigil, en su intervención en el juicio, dijo que él sólo obedecía órdenes superiores de que se retirara la camioneta, pero luego de que se hiciera la inspección de ley.
La camioneta tenía asignadas las placas P-19-966,
En el vehículo, según la Fiscalía General, se transportaba un nieto del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Las investigaciones fiscales revelaron que la camioneta era manejada por el soldado Wilton Everardo García Reyes. La lectura de la condena íntegra se hará el 2 de marzo próxima.
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El accidente se produjo a las 5:30 de la mañana del 1 de mayo del 2016 en el kilómetro 36 de la carretera Litoral Poniente, jurisdicción del Puerto de La Libertad, según la acusación fiscal.
En la misma se puede confirmar que el conductor de la camioneta todoterreno circulaba a excesiva velocidad y pasó arrollando al motociclista Mario Alberto García Cruz, quien murió de inmediato.
Otra persona que lo acompañaba, Alexander Alfonso Rivas Cruz, resultó golpeado.
Las investigaciones fiscales apuntan a que Chávez Vigil ordenó al conductor que moviera la camioneta que había causado la muerte del motociclista García Cruz, quien al momento del accidente se dirigía a su trabajo.
A raíz de que el motorista de la camioneta que embistió al motociclista se retiró del sitio del accidente, la Policía realizó un operativo de búsqueda. Minutos después, los policías lograron ubicar el vehículo y, además, verificaron que se trataba de la camioneta que había arrollado a García Cruz. Esta camioneta iba ser remolcada para llevársela a uno de los predios de Casa Presidencial.
No obstante, la Policía de Tránsito decomisó el vehículo de Capres y lo llevó a la delegación de la Policía de Santa Tecla. Pese a que estuvo por un tiempo en esa sede policial, el vehículo no fue inspeccionado. Días después fue llevado en calidad de depósito a un predio del Estado Mayor Presidencial.
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La Fiscalía pudo demostrar que la comisión de Casa Presidencial que iba a cargo de Chávez Vigil se llevó la camioneta de la escena del accidente, sin que estuviera presente el conductor que se supone fue el responsable del accidente vial, para que respondiera por el mismo.
Al sitio donde fue interceptada la camioneta de Capres se presentaron cuatro hombres armados que se identificaron como empleados del Estado Mayor Presidencial para amenazar a los policías de Tránsito de que dejaran el vehículo.
En julio pasado, el conductor del vehículo de Capres y la familia de García Cruz conciliaron a través de un acta notarial. Los padres del motociclista habrían recibido una cantidad de dinero no especificada.
Los padres de la víctima dijeron sentirse satisfechos con el arreglo, a pesar de que ello no les devolvía a su hijo.
Agregaron que Mario Alberto era el único que les ayudaba económicamente, quienes residían como colonos en una casa de bahareque y lámina en un terreno del cual no son propietarios. Mario Alberto dejó una niña de cuatro años.