El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, denunció ayer que el dinero recolectado por medio del impuesto a la telefonía no está siendo utilizado para el tema de seguridad, tal como fue aprobado por ese órgano del Estado.
“Tengo la firme convicción de que cuando aprobamos este impuesto se hizo exclusivamente para apoyar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil; lo que no comparto y critico es que de ese fondo se esté destinando para otros objetivos que no son los que se determinó”, dijo el legislador de GANA.
El impuesto fue establecido por medio de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, aprobada en octubre de 2015 por la Asamblea Legislativa, el cual incluye otros servicios como la facturación de telefonía móvil postpago, la compra de nuevos aparatos telefónicos, tabletas electrónicas y otros aparatos, tarjetas que contengan el módulo de identificación de abonado (SIM).
Lea también: Avalan $7.5 millones a Seguridad para pago de bonos a policías
El gobierno cobra el 5 por ciento de impuesto al servicio de telecomunicaciones que realizan los usuarios, al que ha dado en llamar una “contribución especial”.
Pero según el presidente legislativo, los fondos se están desviando para la rehabilitación y prevención, pero no está siendo utilizado en su totalidad para dotar de recursos a los cuerpos de seguridad que le permitan realizar un ataque frontal a las pandillas.
“Es importante la prevención, la rehabilitación, pero en este momento a los pandilleros lo que debe aplicárseles es represión, tal como lo están haciendo la policía y el ejército, y que se busque otra fuente de financiamiento para prevención y rehabilitación. Nosotros no dejamos de sentirnos molestos porque se está dando otro destino que no es para el cual dimos nuestros votos”, insistió el legislador.
Lea también: Trabajadores de Salud, Educación y Seguridad piden al Gobierno solución para sus demandas
Gallegos dijo, incluso, que prefiere “un pandillero muerto, que un policía o miembro del ejército muerto”, enfatizó, y agregó que ”soy fiel creyente de la represión a los pandilleros, estos ya no entienden con la prevención”.
Gallegos señaló que ha visto cómo se le están entregando fondos provenientes del impuesto a la telefonía a alcaldes para temas de prevención.
“Yo vi una foto ayer (jueves) donde a un alcalde se le están entregando cheques para la rehabilitación de unas canchas de fútbol en su municipio, provenientes de este impuesto. El alcalde tiene todo el derecho y el municipio también, pero ese no era el destino para el cual nosotros determinamos”, aseveró.
Lea también: Planes de seguridad no han logrado llevar paz a los municipios
Aseguró que ese dinero, que según ha declarado el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ronda los $16 millones, debe ser usado para darle recursos a los cuerpos de seguridad, “apoyarlos, armarlos y que tengan todo lo necesario para que puedan enfrentar a los delincuentes”.
Sin embargo, sostuvo que no tiene un dato específico de cuánto del dinero está siendo utilizado para prevención y rehabilitación, ni los destinos del mismo.
“El miércoles tenemos reunión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea con el Gabinete de Seguridad y ahí vamos a pedir que se nos dé toda la información”, adelantó.
El nuevo impuesto fue aprobado el pasado 28 de octubre con los votos del el FMLN, GANA y algunos diputados del PCN. En ese momento, el gobierno argumentó que el recargo serviría para hacerle llegar al Estado $140 millones anuales.
El Ejecutivo se comprometió a informar cada tres meses de cómo se invierte el dinero que se recauda del impuesto que paga la población, el cual surgió como idea del Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia.
En su momento, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el partido ARENA argumentaron que la medida castigaría más a la población con impuestos.
Consideraron que, antes, el gobierno debió priorizar la reducción del gasto estatal, la evasión, elusión y el contrabando, entre otras medidas fiscales.
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultada por El Diario de Hoy dijeron que los funcionarios que manejan la distribución de los fondos obtenidos por dicho impuesto no dan entrevistas.