En un hecho sin precedentes en el Ministerio Público, el exfiscal general, Luis Martínez, y Julio Arriaza, un fiscal considerado su mano derecha -quien por varios años ha estado al frente de diferentes unidades especializadas de la institución- comparecieron ayer como imputados en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
Ambos están incluidos en un grupo de 11 personas (entre las que también hay exempleados judiciales, un empresario y varios abogados) a quienes la Fiscalía General investiga porque habrían manipulado documentos en al menos cuatro procesos judiciales.
Ayer por la tarde, tras presentar la acusación formal contra los involucrados, un fiscal se negó a revelar los casos por los que se les procesa; solo mencionó los delitos que se les imputan.
Sin embargo, el lunes, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público informó que uno de los hechos por los que se les investiga tiene relación con una acusación contra el abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.
Ellos están en prisión preventiva, desde hace varios meses, tras ser acusados por su exempleador, Enrique Rais, propietario de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides).
Él denunció a la pareja porque habría intentado extorsionarlo con 50 millones de dólares.
Por esta razón, la Fiscalía acusó al exfiscal Martínez (quien estuvo en el cargo entre 2012 y 2015) por omisión de investigación y fraude procesal (elaborar pruebas falsas en un proceso judicial); Arriaza, quien dirigía la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía, solo deberá responder por este último delito.
Junto con ellos están siendo procesados Romeo Aurora Giammattei y Mauricio Antonio Álvarez Gámez, exjueces del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador. El primero era propietario y el otro su suplente.
Aurora Giammattei, quien fue arrestado el lunes, es señalado de prevaricato (faltar a sus obligaciones y deberes) y Álvarez de cohecho propio (pedir soborno).
Ninguno estuvo ayer en la diligencia. Giammattei, según su abogado, está ingresado en el hospital Rosales porque estando recluido en las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía tuvo problemas cardíacos y su colega aún no ha sido arrestado.
Estas personas, de acuerdo a las investigaciones, habrían actuado en complicidad con otra persona que se encuentra ausente, Néstor Recinos Chicas, un perito del Instituto de Medicina Legal, quien habría cometido falsedad documental agravada (alterar documentos oficiales).
También está siendo procesado el empresario Enrique Rais, por falsedad ideológica, cohecho activo y fraude procesal.
Además, su sobrino, el abogado Hugo Blanco Rais, quien debe responder por falsedad ideológica y fraude procesal.
También sus colegas, Luis Peña, señalado de fraude procesal y falsedad; Wilfredo Gutiérrez por falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho, así como Héctor Grimaldi, a quien le imputan falsedad ideológica y fraude procesal.
Y a Hilda Trigueros Aguillón, quien era colaboradora de Rais, se le acusa de falsedad ideológica y fraude procesal.
Hoy enfrentan audiencia
Los nueve vinculados al caso que están arrestados deberán regresar hoy al Juzgado Séptimo de Paz, quien programó para las 10:00 de la mañana la audiencia inicial.
Desde el lunes pasado, cuando la mayoría de imputados fueron arrestados, sus defensores han denunciado que las autoridades han cometido actos arbitrarios.
Entre ellos, señalaron que Martínez, Arriaza, Rais, Blanco y Gutiérrez fueron arrestados tras haberlos citado en diferentes sedes de fiscales bajo engaños.
Además, solo se les ha manifestado a cada uno el delito que se les imputa, pero no el contexto en el que los habrían cometido.
El abogado Gerardo Hernández, quien defiende a Rais, sostuvo que hasta ayer no tenían acceso a toda la información relacionada al proceso, lo que les impedía dar una postura sobre la situación judicial de sus clientes.
“No nos hemos documentado sobre el requerimiento fiscal. No conocemos al detalle la base de los hechos, el tiempo, el lugar, las circunstancias en que se cometieron y ni sabemos quiénes son las víctimas”, dijo Hernández.
El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró que este caso es una clara muestra de cómo se ha manipulado la justicia en El Salvador a favor de personas que tienen poder.
Según las investigaciones, a través de escuchas telefónicas se ha concluido que cuando Martínez fue titular del Ministerio Público se giraron órdenes de arresto contra una persona y luego se hicieron maniobras para que el caso fuera asignado al Juzgado Noveno de Paz, cuyo titular entonces era Aurora Giammattei; sin embargo, no sería él quien conocería el proceso, sino el suplente.
El resultado de dicho proceso habría beneficiado a Rais y para pagar los favores le habría prestado sus aviones privados al exfiscal general.
Recientemente, Martínez fue sancionado con una multa de más de ocho mil dólares por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) cuyo titular, Marcel Orestes Posada, dijo que el exfuncionario vendió justicia a Rais.