Los abogados de un prisionero sentenciado a muerte por asesinar a una niña de 5 años y su abuela durante una fiesta infantil en Texas le pidieron a la Corte Suprema que suspenda la ejecución, programada para el miércoles.
Erick Dávila enfrenta la inyección letal por usar un fusil semiautomático con mira de láser para disparar contra unas 20 personas, la mayoría niños que estaban en la fiesta, al parecer en represalia contra uno de los invitados al festejo el 6 de abril del 2008.
Annette Stevenson, de 48 años; y su nieta Queshawn Stevenson murieron y otras cuatro personas resultaron heridas, incluyendo la niña que cumplía 9 años.
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Si la ejecución procede el miércoles por la noche, Dávila, de 31 años, sería la quinta persona ejecutada en Texas este año y la novena en el país.
La hermana de Queshawn Stevenson, que entonces tenía 11 años, declaró que vio a un hombre dentro de un automóvil oscuro con un fusil con un “punto rojo”? y que poco después lo vio parado junto a la puerta y disparando. Dávila fue capturado al día siguiente tras una breve persecución policial.
Sus abogados argumentaron ante la Corte Suprema que su ejecución debería ser suspendida porque fue inapropiado que la jueza en el proceso, Sharen Wilson, que ahora es la fiscal del distrito Tarrant, pidiese una fecha de ejecución. Cuestionaron además el papel de un abogado que trabaja con Wilson en casos de pena capital que previamente representó a Dávila en una apelación.
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El abogado Seth Kretzer dijo en un documento en la corte que la fiscalía ocultó información de que Dávila estaba tan drogado durante el tiroteo “a tal nivel que le habría dejado temporalmente demente”?. Argumentó que eso pudiera haber influido a los jurados para imponer una sentencia menos severa y cuestiono la constitucionalidad de cómo los jurados en Texas deciden sentencias a muerte.
Los abogados del estado dicen que Wilson nunca representó a Dávila y que la ley estatal y fallos judiciales le permiten a su oficina representar los intereses del estado en la causa. Los fiscales dijeron además que Wilson les prohíbe a sus asistentes participar en causas en las que fueron abogados de la defensa y que las cortes han ratificado los procedimientos de sentencias del estado.
Dávila fue acusado, pero no juzgado, en el caso de otra balacera días antes del ataque de abril. Previamente pasó casi un año en prisión por un robo en 2004 en el condado Tarrant.