A partir del próximo 19 de noviembre entrará en vigencia una nueva regla migratoria por disposición del el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La nueva regla estipula que está prohibido que los inmigrantes con órdenes de deportación obtengan permisos de trabajo.
El objetivo es presionar a los inmigrantes para que decidan salir de Estados Unidos; y también para proteger los trabajos de los ciudadanos estadounidenses, según indica el comunicado oficial de la DHS.
La nueva medida afectará a todos los inmigrantes que tengan una Orden de Supervisión (OSUP) de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Sin embargo los inmigrantes que puedan comprobar que su orden de deportación es inválida podrán obtener un permiso de trabajo. Pero será indispensable que comprueben la necesidad económica de trabajar.
Situación de menores indocumentados
Un juez federal estadounidense ordenó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump que deje de expulsar a niños migrantes no acompañados detenidos en la frontera sin permitirles hacer peticiones de refugio o asilo, asestando un duro golpe a las medidas impuestas por la Administración por la emergencia sanitaria.
El magistrado Emmet Sullivan, de un tribunal del Distrito de Columbia, falló a favor de los menores no acompañados que eran sujetos a expulsión después que el Gobierno impusiera una normativa que le permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) expulsar extranjeros arrestados en la frontera argumentando una emergencia sanitaria por la covid-19.
En la orden, el juez advierte que los niños migrantes no acompañados que son detenidos por agentes fronterizos deben recibir las salvaguardias que el Congreso estableció para ellos y ser llevados a refugios supervisados por el Gobierno durante sus procedimientos de inmigración.
El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), y otras organizaciones en nombre de un guatemalteco de 15 años que ingresó solo al país en agosto pasado.
En marzo pasado, el vicepresidente Mike Pence ordenó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) usar sus poderes de emergencia para sellar eficazmente las fronteras de Estados Unidos, a pesar de las reticencias mostradas por la principal agencia sanitaria del país, según reportes de prensa.
Los agentes del CBP en ambas fronteras han expulsado del país a la mayoría de migrantes que son detenidos entrando de forma indocumentada, entre ellos niños no acompañados.
El presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), el representante demócrata Julián Castro, criticó hoy a través de un mensaje en Twitter al Gobierno Trump.
“La Administración Trump ha deportado apresuradamente a miles de niños migrantes que huyen de la violencia y la pobreza, en violación de los acuerdos internacionales. Incluso deportaron a niños a México cuando venían de otros lugares”, denunció el congresista.
“Esta orden judicial exitosa es una victoria para los derechos humanos”, resaltó sobre una decisión judicial que, sin embargo, no protege a los inmigrantes adultos o a las familias migrantes que cruzan la frontera.
Según datos de CBP, en septiembre pasado más de 48.000 inmigrantes fueron expulsados bajo la normativa en cuestión en la frontera sur, y un reporte de octubre del New York Times aseguró que más de 200 niños que no eran mexicanos fueron expulsados por los agentes de CBP hacia ese país.
Lee Gelernt, el principal abogado de ACLU en este caso, le dijo a la cadena CBS que “esta política cruel e ilegal, como tantas otras de la Administración Trump, estaba poniendo a miles de niños en grave peligro”.
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