Nicaragua elimina la figura del vicepresidente tras nueva reforma
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó sustituir la vicepresidencia por designados presidenciales mediante una reforma impulsada bajo el gobierno de Ortega y Murillo.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que elimina la figura del vicepresidente y establece en su lugar el nombramiento de “designados presidenciales”. La modificación del artículo 126 ocurre después de más de 20 meses sin que el Gobierno nombrara a una persona para ese cargo.
Según informó el diario La Prensa, el cambio sustituye el texto que permitía nombrar uno o varios vicepresidentes por una nueva disposición: “la Presidencia podrá nombrar Designados Presidenciales, quienes desempeñarán las funciones que esta les asigne”.
La reforma deberá recibir una segunda aprobación legislativa y publicarse en La Gaceta para entrar en vigor.
Rosario Murillo fue la última vicepresidenta de Nicaragua antes de asumir el cargo de copresidenta junto a Daniel Ortega, tras las reformas constitucionales de 2025.
Reforma en Nicaragua genera reacciones de la oposición
El exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, coordinador de Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), planteó que la decisión podría estar relacionada con la salud de Ortega y con una posible designación de su hijo Laureano Ortega Murillo para funciones de política exterior.
“Que sea una reforma de carácter individual, estando en medio de reformas constitucionales, indica que algo efectivamente está motivando el cambio”, declaró Chamorro a La Prensa.
De acuerdo con Nicaragua Investiga, que citó un informe del Hudson Institute, Ortega, de 80 años, registró apenas ocho apariciones públicas durante 2026. El documento también señala que las menciones al mandatario en el discurso oficial descendieron al 39 %.
Nicaragua también modifica funciones de la Procuraduría
En otra decisión, la Asamblea Nacional aprobó cambios que trasladan la Secretaría Jurídica de la Presidencia y La Gaceta a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), dirigida por Wendy Morales.
La institución asumirá responsabilidades administrativas, financieras y de supervisión sobre ambas dependencias, mientras el Ministerio de Hacienda realizará los ajustes presupuestarios correspondientes.
Estas medidas coinciden con otras reformas constitucionales aprobadas en primera legislatura, que contemplan ampliar de seis a siete años los períodos de gobierno y eliminar la participación de la oposición en las elecciones. Su discusión definitiva está prevista para enero de 2027.
Los cambios avanzan mientras la Organización de los Estados Americanos (OEA) mantiene sus cuestionamientos al Gobierno nicaragüense. El 2 de octubre, el organismo aprobó con 32 votos una resolución que exige la liberación de presos y la derogación de reformas impulsadas por Ortega y Murillo.
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