El Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso este viernes sanciones económicas a otro hijo del presidente de Nicaragua, Juan Carlos Ortega Murillo, y a dos compañías nicaragüenses usadas para el lavado de dinero, en una nueva muestra de presión a Managua.
“El presidente Ortega y su corrupto círculo cercano prioriza su propio poder y riqueza sobre las necesidades del pueblo nicaragüense. Estados Unidos seguirá apuntando a aquellos que respaldan el régimen de Ortega y se apropian del dinero de la economía de Nicaragua”, afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Juan Carlos Ortega Murillo es el director de Difuso Comunicaciones, empresa que realiza las campañas electorales del presidente nicaragüense.
Asimismo, el Tesoro sancionó a la compañía Mundo Digital y a su propietario, José Jorge Mojica Mejía, un estrecho colaborador de la familia Ortega y al que considera responsable de varias operaciones de lavado de dinero para el enriquecimiento del presidente y su entorno.
El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se pronunció en su cuenta de Twitter sobre estas sanciones y fue duro con los funcionarios nicaragüenses.
“El Depto. del Tesoro impone sanciones a 2 hampones del entorno íntimo de Ortega-Murillo: Juan Carlos Ortega Murillo, su hijo, y Jose Jorge Mojica Mejia —testaferro de Ortega— por actos de corrupción”, tuitió Vivanco.
“La presión internacional es el único lenguaje que entiende la dictadura”, añadió el experto en derechos humanos de HRW.
Como consecuencia, quedan congelados los activos que puedan tener estos nicaragüenses bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a las entidades de EE. UU. llevar a cabo transacciones financieras con los sancionados.
La Administración del presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Nicaragua con sucesivas rondas de sanciones, entre ellas a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, otro hijo de la pareja, Rafael Antonio Ortega Murillo, y diversos altos cargos.
En mayo, señaló al jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda, Iván Acosta, por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a “silenciar” las voces prodemocráticas en el país centroamericano.
En Nicaragua estallaron el 18 de abril de 2018 unas manifestaciones contra unas reformas de la Seguridad Social que se tornaran en una protesta contra Ortega, que dejó 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones locales de derechos humanos elevan esa cifra a 684, mientras que el Gobierno reconoce solo 200 fallecidos y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Desde el principio, el Gobierno de Trump ha apoyado a la oposición nicaragüense y ha buscado debilitar y aislar internacionalmente a Ortega a través de la presión económica y diplomática.
Asfixia con bolsas de plástico
Entre tanto, el director para las Américas de Human Rights Watch tuitiaba el jueves sobre las torturas que se han estado dando en Venezuela y que han sido denunciadas por la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet.
“Asfixia con bolsas de plástico. Inmersión de la cabeza bajo agua. Descargas eléctricas en párpados y genitales. Exposición a bajas temperaturas y/o luz eléctrica constante. Amenazas de muerte. Palizas brutales. La tortura en Venezuela, según @mbachelet”, posteaba desde su cuenta de Twitter José Miguel Vivanco.
En un comunicado que mostraba en su red social, citando a Bachelet, Vivanco dijo que se habían documentado al menos 16 casos de tortura o de malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020 en Venezuela.
“El número real podríaser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo, detenciones arbitrarias y prisión incomunicada”, dice el parte de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Esta oficina dijo que entre las denuncias que recibieron, el gobierno de Nicolás Maduro obligó a médicos a emitir certificados falsos o inexactos sobre los detenidos, a parte que no figuraban los signos de torturas a los que fueron sometidos.
Las agresiones no se detienen a pesar de la pandemia por coronavirus que afecta a Venezuela y al mundo en general, lamentan los defensores de derechos humanos.