"La sangre de mi hijo no está en venta", dijo este viernes el nicaragüense Nelson Lorío, padre de un bebé de 14 meses que murió hace tres años en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno del sandinista Daniel Ortega, en circunstancias aún no esclarecidas.
Lorío, padre de Teyler Leonardo Lorío, estuvo detenido entre el martes y jueves pasado en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, conocida como el "Chipote", donde oficiales, según dijo, le preguntaron qué quería, y respondió: "la sangre de mi hijo no está en venta".
Puede ver: Le disparó 11 veces a un amigo de su novia por haberle dado “like” a una foto de ella
"Se cumplen 34 meses desde aquel oscuro Día del Padre (en Nicaragua, 23 de junio), ahora cínicamente quieren callar no mi voz, sino la tuya mi niño precioso, pero mi moral y dignidad es grande. Tu sangre no está en venta. La demanda de justicia, libertad y unidad debe ser más fuerte, porque #YoNoOlvidoAbril", escribió Lorío en un tuit, en el que publicó fotos con su hijo en vida y también fallecido, con la leyenda "Ni me vendo, ni me rindo".
Tras ser liberado por la Policía, el hombre escribió un primer mensaje en el que dio gracias a Dios por estar "más firmes y más dignos".
"Ningún delito inventado me va a detener en la búsqueda de la justicia y libertad de todos nuestros secuestrados políticos, porque aquí no se rinde ni se vende nadie. Viva Nicaragua, pronto libre", señaló.
¿Disparo o herida de arma blanca?
El 23 de junio de 2018, en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de ese año, el bebé fue alcanzado por una bala en medio de un ataque de fuerzas combinadas del Gobierno, integrada por policías y civiles armados, en los barrios del este de Managua, según sus familiares y testigos.
Pero el informe emitido por los forenses de Medicina Legal recoge que el bebé falleció a consecuencia de una herida de arma blanca, algo que, según la madre del infante, es una estrategia para ocultar que su hijo fue alcanzado por una bala de los sandinistas.
Vea también: IMÁGENES SENSIBLES: Mujer mata de un disparo en la cabeza a su exnovia en Nueva York a plena luz del día
Los padres del bebé, que se exiliaron por un año en Costa Rica, regresaron a Nicaragua en octubre de 2019 para demandar justicia.
El relato de la madre, Karina Navarrete, es: "Íbamos mi niña de 7 años, el papá, el niño y yo, a llevar el bebé a la casa de su abuela y lo alcanzó una bala" disparada por agentes policiales.
Según el relato, en el lugar de los hechos no había enfrentamiento en ese momento y solo atacaron a los miembros de la familia al verlos.
Denuncia chantaje
Lorío contó al medio digital Confidencial que fue golpeado y chantajeado por agentes policiales mientras estuvo en el "Chipote", considerado un centro de torturas por organismos humanitarios.
"Cuando se dieron cuanta quién era yo, me preguntaron que qué versión tenía de mi hijo y les dije que más bien me dijeran ellos su versión para darles la mía. Me mostraron un expediente de una investigación que empezaron el propio día de la muerte de mi hijo: el 23 de junio de 2018 y se terminó de investigar en octubre de 2018", relató.
Ese expediente "dice cosas que para mí me ofenden, porque no pasaron", aseguró Lorío, quien dijo que los oficiales también le presentaron un video con unas declaraciones suyas tergiversadas en el que lo hacían ver como que él había maltratado a su hijo.
"Me preguntaban constantemente que qué quería yo para que mi familia estuviera bien y que nos sintiéramos bien. Y mi respuesta fue sincera y le dije que sentía que me querían ofrecer algo y que el asesinato ni la sangre de mi hijo estaba en venta", sostuvo.
"No voy a vender la sangre de mi hijo ni la memoria y ellos pararon ese tipo de ofrecimiento", agregó.
Esa es la segunda denuncia en ese sentido que hacen familiares de las víctimas contra el Estado esta semana.
El miércoles pasado, el profesor Álvaro Gómez denunció en la vía pública que emisarios del Gobierno ofrecieron comprar su silencio por la muerte de su hijo, quien falleció de un disparo en el pecho durante las protestas.
El Gobierno de Ortega ha guardado silencio sobre esas denuncias que distintos familiares de las víctimas han hecho en diferentes oportunidades.
Las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.