En el 2014 la pequeña ciudad de Flint, en el frío estado de Michigan, estuvo en boca de todo el mundo. Las autoridades de esa ciudad, intentando reducir costos, aprobaron que se suministrara agua de un río altamente contaminado. Debido a esto, miles enfermaron y se generó una de las peores crisis sanitarias de las que haya memoria en el país.
Desde 2016 ha habido una demanda colectiva contra las autoridades de la ciudad. Hoy un juez aprobó un acuerdo de $626 millones que se repartirán entre 90 mil residentes víctimas del mal desempeño de sus políticos.
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La demanda alega que al menos 8 mil niños resultaron permanentemente afectados por el envenenamiento con plomo y más de 30 mil viviendas quedaron inservibles al arruinarse las cañerías.
Aún nos queda mucho camino por recorrer para evitar que los estadounidenses sean sistemáticamente envenenados en sus hogares, sus escuelas y lugares de trabajo”, aseguró a través de un comunicado enviado a los medios de prensa Corey Stern, abogado de la demanda colectiva.
El dinero se distribuirá entre todos los residentes de la ciudad en 2014. Quienes puedan demostrar que enfermaron, quienes eran niños, quienes tenían negocios allí, y todos los que pagaron el servicio de agua en Flint en aquel entonces.
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Doce personas murieron cuando en 2014 las autoridades de la ciudad decidieron que el río Flint sea la fuente de agua, y no trataron esa agua para purificarla.
La enfermedad fue denominada como síndrome de los legionarios, de un día para otro no tenían agua potable.
La mayor parte del dinero lo pondrá el estado de Michigan, acusado de hacer la vista gorda frente al problema durante años.