Wendy Marroquín Alas, de 23 años, y Sahir Pérez Flores, de 26, ambos salvadoreños, fueron condenados hoy en Costa Rica a pasar los próximos 78 años en prisión, los procesaron en los tribunales por el asesinato de su hijo, José Rodrigo, de tan solo 5 años.
La muerte del menor fue registrada el 9 de mayo del 2019 en Sabanilla de Alajuela, así terminaron los crueles maltratos sufridos por el menor.
En detalle, los jueces impusieron 39 años de prisión a cada uno: 35 por el crimen, 4 por el otro ilícito.
Al momento de morir, según fiscales y forenses, el menor presentaba hemorragia intestinal a causa de golpes, 51 lesiones en todo su cuerpo (incluyendo quemaduras), hasta daños en sus uñas.
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Además, desnutrición severa. pérdida del cabello, una herida en el labio superior y lesiones antiguas en una pierna (quebrada por Pérez Flores) y en las costillas.
Durante el juicio, que comenzó en enero, Pérez Flores, admitió haber golpeado al menor con palos, sandalias y con cuanto objeto tuviera a mano. También pidió perdón.
“Públicamente quiero pedir perdón, quiero pedir disculpas (...) Tuve la oportunidad de hacer algo por mi hijo y no lo hice. Me arrepiento y no me perdono a mí mismo”, dijo el hombre, quien detalló que lo golpeaban desde que estaban en El Salvador.
La pareja, originaria del cantón Dolores Apulo, municipio de Ilopango, San Salvador, El Salvador, llegó a suelo costarricense con el menor en setiembre del 2018.
Para que las autoridades migratorias les permitieran vivir en ese país argumentaron que eran perseguidos por pandillas, de esa forma lograron el status de refugiados.
Sin embargo, medios locales como lateja.cr, revelaron que la verdadera causa de la huida fue otra, parientes los habían denunciado en El Salvador por los constantes maltratos del pequeño.
Desde aquel entonces y hasta mayo del 2019, los ataques contra el menor eran constantes, al punto de que representantes de la Organización Unbound Costa Rica visitaron la casa y sus psicólogos interpusieron una queja por supuesto maltrato ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Sin embargo, los funcionarios de la entidad nunca lograron dar con la familia para investigar el caso, y por ello fue que se abrió una investigación interna y penal.