Una mujer posa para una fotografía en el despacho principal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México. Pero no es la presidenta de esta entidad, Rosario Piedra Ibarra. Es alguien más, y está encapuchada.
Pero eso no es lo que más resalta. En esta oficina de aspecto bastante oficial, adornada con la tricolor bandera nacional y el emblema de la institución, con grandes muebles de madera y elegantes pisos, hay algo que desentona. En la pared del fondo, aún con la pintura corriendo, se lee una pinta con aerosol que es además un nuevo grito de batalla en México: “Ni perdonamos, ni olvidamos”.
Desde el jueves 3 de septiembre, diferentes “colectivas” -como se conoce a los colectivos feministas- de la Ciudad de México, se tomaron la sede principal de la CNDH. Con esto, impidieron también el acceso a los trabajadores de la institución. La razón: protestar contra la creciente violencia contra las mujeres en ese país, que suma cifras alarmantes.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta marzo un promedio de diez mujeres eran asesinadas diariamente en México. La Red por los Derechos de la Infancia México (REDIM) da cuenta de que una de cada diez víctimas de feminicidio es menor de 18 años.
Asimismo, hasta marzo entre las mujeres mayores de 15 años en ese país, 66% han sufrido agresión física; 49% han sido víctimas de vejámenes emocionales; 29% de tipo económicos y 41.3% han sido sexualmente agredidas, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Asimismo, la violencia está mutando y según la organización Data Cívica, 2017 fue el primer año en décadas en que las agresiones a mujeres en espacios públicos superaron aquellas en espacios privados.
Ante este sombrío panorama y la aparente inactividad de las autoridades estatales y federales, familiares de víctimas de feminicidios incendiaron sillas y papelería de las oficinas centrales de la CNDH, que ocupan desde el jueves junto con familiares de desaparecidos, para exigir justicia y la agilización de las investigaciones.
Unas veinte feministas de la organización “Ni una más” lanzaron enfurecidas desde los balcones de la referida Comisión, un órgano estatal y autónomo, el mobiliario y colocaron en la fachada mantas en las que exigen “¡Justicia!” y fotografías de personas desaparecidas.
“¿Vieron cómo se les rompieron las patas a esa silla? ¡A mi hija así me la aventaron!”, gritó Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, arrojada desde un quinto piso en 2016.
En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Zamudio añadió que realizan estas acciones para exigir “una vida libre de violencia. Somos tantas las mujeres que hemos vivido violencia que estamos hartas. Hartas de no ser atendidas, de ser tratadas de limosneras. Queremos que nos vean”.
Además de la ocupación de estas oficinas y en vista de la aparente indolencia de las autoridades, las “colectivas” han anunciado que buscarán convertirlas en refugios para víctimas de la violencia.
Además de la violencia machista, como se ha dicho, familiares de desaparecidos acompañan estas manifestaciones. En días pasados, se reunieron con la titular de la CNDH, Rosario Piedra, a quien pidieron apoyo para que la Fiscalía y el Gobierno federal atiendan sus demandas. Sin embargo, algunos de ellos se quedaron inconformes con el resultado del encuentro, en el que se les concertó citas con funcionarios del gobierno.
Por su parte, la Comisión manifestó en un comunicado que “reivindicamos el derecho a la protesta”, pero también manifestaron que “creemos en el diálogo como vía razonada para lograr soluciones”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue más allá y criticó durante la semana la toma por la fuerza del organismo de derechos humanos. “Respeto todas las manifestaciones, pero no estoy de acuerdo en la violencia, en el vandalismo”, dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa.
Pese a esto, la ocupación se extendió a las oficinas de la CNDH en los diferentes estados del país y en algunos lugares, tras los desalojos de las autoridades, hubo más quemas de mobiliario e incluso de instalaciones.
Si bien la violencia de género es un fenómeno usual en México, estos grupos parecen estarse empoderando y no están dispuestos a tolerar más ni el machismo ni la pasividad institucional.