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VIDEO: ¿Qué países en América Latina han aprobado el matrimonio igualitario?

La apertura de regiones como Holanda, donde esta semana se dejó abierta la puerta para que su realeza pueda decidir este tipo de unión, contrasta con la aversión en América Latina.

Por Eduardo Alvarenga / AFP | Oct 14, 2021- 08:33

En Chile, el presidente conservador Sebastián Piñera sorprendió el 1 de junio de este año al anunciar que había llegado el tiempo del matrimonio igualitario. Costa Rica aprobó estas uniones en 2020. Video: AFP/Archivo.

En el 2001, los Países Bajos fue el primer Estado en el mundo en permitir el matrimonio civil a personas del mismo sexo. Sin embargo, en ese momento la realeza quedó excluida de ese derecho.

El entonces secretario de Estado de Justicia, Job Cohen, declaró en nombre del gobierno, que si un rey o reina decidía casarse con alguien de su mismo sexo, tenía que abdicar. Esto, en razón que la corona es por naturaleza hereditaria y al no poder tener hijos naturales, la sucesión quedaría comprometida.

Tras 20 años de esas declaraciones, un libro dedicado a la princesa heredera al trono “Amalia, el deber te llama” trajo al debate esa duda, pero esta semana fue resuelto. El primer ministro holandés, Mark Rutte, aclaró que el gobierno “considera que el heredero al trono puede casarse con alguien de su mismo sexo y no renunciar a su derecho al trono”, subrayó el primer ministro en una carta dirigida al Parlamento, este martes.

En Países Bajos, la familia real debe pedir autorización al parlamento para poder llevar a cabo un matrimonio. En ese sentido, tras la publicación de este libro, diputados del Partido Popular por la Libertad y Democracia consultaron al primer ministro sobre qué pasaría si Amalia optara por casarse con un persona de su mismo sexo.

La princesa de los Países Bajos, Catharina-Amalia, no se ha referido a su vida privada. Foto: AFP

 

Sin apertura a derecho en América Latina

En contraste con la apertura a la unión civil de personas del mismo sexo en sitios como el Reino de los Países Bajos, en América Latina pocos han avanzado en el reconocimiento de ese derecho. Las parejas de la población LGBTI siguen viviendo en medio de vacíos legales que impiden que se beneficien de la seguridad social, por ejemplo.

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En México, 24 de sus Estados reconocen ese derecho, pero la capital aún no. Según la Asociación Internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (Ilga World), los países de latinoamérica que aceptan el matrimonio igualitario como tal y la adopción homoparental son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Ecuador también permite ese tipo de unión, pero no la adopción.

Chile permite un acuerdo civil, pero con limitados derechos, aunque el presidente conservador de ese país, Sebastián Piñera, abrió el debate a mediados de este año, declarando que “Debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado, y también sobre el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas”.

La aversión del presidente salvadoreño

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele cerró la puerta al matrimonio de personas del mismo sexo. El pasado 17 de septiembre. En su cuenta de Twitter, en referencia a la propuesta de reforma a la Constitución trabajada por el vicepresidente, Félix Ulloa, el mandatario escribió: “He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, con el matrimonio o con la eutanasia”.

El presidente dejó en claro su desinterés y aversión por debatir la temática. “Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, agregó.

Otras muestra de la falta de voluntad por parte de la clase política en El Salvador, para reconocer derechos a la población LGBTI, se dio el pasado 14 de mayo, cuando diputados oficialistas, de la Comisión de la Mujer, mandaron al archivo la propuesta de Ley de Identidad de Género, que buscaba reconocer la identidad de personas transgénero. El argumento de ese entonces fue que las propuestas de ley “eran obsoletas”.

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