Cuba prohibió el martes una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre, denunciando una "provocación", y dijo que sus promotores tienen vínculos con Washington para impulsar un cambio de régimen en la isla, según una comunicación oficial.
"Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba", señala la carta de respuesta a un petitorio para realizar esa marcha publicada en el sitio oficial Cubadebate.
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La manifestación anunciada en La Habana, "cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen" para Cuba, añade la respuesta que destaca el carácter constitucional e "irrevocable" del sistema socialista cubano.
La misma respuesta se dio tanto en La Habana como en otras seis provincias (Holguín, Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Santa Clara y Guantánamo) donde se solicitó autorización para una manifestación "contra la violencia" y por el "cambio".
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La convocatoria para la marcha, lanzada en septiembre, apela al artículo 56 de la nueva Constitución, aprobada en 2019, que reconoce el derecho a manifestación con fines lícitos y pacíficos.
Pero "el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público", refutó la autoridad.
EE. UU. pide al gobierno de Cuba "respetar derechos fundamentales" de los cubanos
Estados Unidos pidió el martes al gobierno de Cuba "respetar los derechos fundamentales" de los cubanos, al rechazar la decisión de La Habana de prohibir una marcha opositora prevista para el 15 de noviembre.
"Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo", dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
"Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano", afirmó.