Corea del Sur prohibirá la cría y venta de perros para consumo ¿Qué cambiará en la ley?

Corea del Sur aplicará desde el 7 de febrero de 2027 la prohibición de criar, reproducir, sacrificar, distribuir y vender perros o productos elaborados con ellos destinados al consumo humano, según establece una ley promulgada en 2024 y el calendario confirmado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales del país.

La medida tendrá alcance nacional y cerrará el periodo de transición concedido a los negocios que desarrollaban estas actividades.

La fecha es importante porque la ley no establece simplemente una prohibición genérica de “comer carne de perro”. Su artículo 5 especifica las actividades que quedarán prohibidas: la crianza, reproducción y sacrificio con fines de consumo, así como la distribución y venta de perros o alimentos preparados con ellos para ese propósito.

La legislación fue promulgada el 6 de febrero de 2024. Varias disposiciones comenzaron a aplicarse ese mismo año y desde entonces también quedó prohibida la apertura o ampliación de nuevas instalaciones dedicadas a estas actividades. Las prohibiciones centrales del artículo 5 fueron aplazadas durante tres años y comenzarán a regir el 7 de febrero de 2027.

Esto convierte a 2026 en el último año completo del periodo de adaptación. Durante estos meses, las autoridades continúan verificando el cierre de las instalaciones registradas y acompañando los procesos de reconversión de quienes decidan dedicarse a otra actividad.

¿Cuántas granjas ya cerraron?

El dato oficial más reciente publicado por el Ministerio de Agricultura corresponde a mayo de 2026. Para entonces, 1,265 de las 1,537 granjas registradas habían dejado de operar, equivalente a aproximadamente el 82%. Permanecían abiertas 272 instalaciones.

La reducción se produjo de forma progresiva. Al cierre del 21 de diciembre de 2025 habían terminado operaciones 1,204 granjas, alrededor del 78% del total, de acuerdo con otro comunicado oficial difundido en enero de 2026.

El Gobierno intensificó durante el verano de 2026 las inspecciones tanto en granjas que todavía permanecían activas como en aquellas que ya habían reportado su cierre. El objetivo anunciado fue comprobar el cumplimiento de los planes presentados y evitar que se reanudaran actividades no permitidas durante el proceso de transición.

A partir de septiembre de 2026, el Ministerio también prevé coordinar con los gobiernos locales medidas correctivas para las granjas que no hayan cumplido sus planes de cierre o cambio de actividad. En caso de incumplimiento de las órdenes correspondientes, las autoridades podrán disponer el cierre de las instalaciones.

Miles de negocios forman parte de la transición

El plan gubernamental presentado en septiembre de 2024 identificó 5,898 establecimientos vinculados con esta actividad que habían reportado su situación a las autoridades. Todos habían presentado planes para cerrar o reconvertir sus negocios antes de la aplicación completa de la prohibición.

La cifra incluye diferentes sectores relacionados con la actividad, entre ellos granjas, comerciantes, distribuidores y establecimientos de comida. El Gobierno estableció diferentes mecanismos de apoyo para facilitar el cierre de instalaciones o el cambio hacia otras actividades económicas.

Entre las medidas anunciadas figuran ayudas relacionadas con el cierre anticipado de granjas, retiro de instalaciones, financiamiento para determinadas reconversiones y orientación para quienes cambien de actividad. El esquema de apoyo depende del tipo de negocio y del momento en el que complete su proceso.

El Ministerio informó en mayo de 2026 que mantendría además un seguimiento periódico de la ejecución de estos recursos por parte de los gobiernos locales, especialmente ante el aumento de cierres antes de la fecha límite.

¿Qué sanciones contempla la ley?

Desde el 7 de febrero de 2027, sacrificar perros con fines de consumo humano podrá ser castigado con hasta tres años de prisión o una multa de hasta 30 millones de wones, según el artículo 17 de la legislación.

La crianza o reproducción con ese objetivo, así como la distribución o venta de perros o productos elaborados con ellos destinados al consumo, podrá recibir una pena de hasta dos años de prisión o una multa de hasta 20 millones de wones.

La normativa también concede facultades a los gobiernos locales para ordenar el cierre de establecimientos cuando se incumplan determinadas obligaciones previstas por la ley.

De esta manera, el 7 de febrero de 2027 será la fecha central del cambio, finalizará el periodo de transición y comenzarán a aplicarse plenamente las prohibiciones y sanciones establecidas para las actividades comerciales destinadas al consumo humano.