BUENOS AIRES. Un fiscal impulsó ayer una causa judicial en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación está encabezada por el juez Claudio Bonadío, el mismo que en estos días debe anunciar si procesa o no a la exmandataria en un caso en el que la imputó por una operación financiera con dólares realizada por el Banco Central durante su mandato.
El fiscal Carlos Rívolo imputó ayer a la expresidenta y a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, como derivación de una denuncia interpuesta por la legisladora antikirchnerista Margarita Stolbizer.
A partir de esta decisión, podrán avanzar las investigaciones sobre las presuntas irregularidades contables de la empresa hotelera Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner.
Según Stolbizer, esta firma que opera varios hoteles en la Patagonia alteró documentos públicos para que la Kirchner pudiera manipular sus declaraciones juradas de bienes.
Los negocios hoteleros de los Kirchner están bajo sospecha en varias causas judiciales, ya que reportaban como ocupadas habitaciones vacías para justificar ingresos que, según los denunciantes, provenían de la corrupción en las obras públicas.
Cristina Kirchner, quien ya advirtió que las acusaciones en su contra forman parte de una revancha política, será investigada también en otra causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Lázaro Báez.
El empresario fue amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner y acumuló una fortuna como contratista de obras públicas durante los 12 años y medios de gobiernos kirchneristas, pero hoy está preso a la espera de que se defina su situación judicial. A ello se suma la causa en la que se espera que Bonadío, opositor al kirchnerismo, dicte el procesamiento de la expresidenta.
De acuerdo con el juez, Cristina Kirchner cometió un fraude al impulsar la venta de dólares “a futuro” el año pasado, es decir, divisas que se vendieron a un precio, pero serán pagadas a otro mucho mayor gracias a la devaluación aplicada por el actual presidente, Mauricio Macri, en diciembre.
La defensa de la exmandataria es que el Banco Central es autónomo y no depende del Ejecutivo, por lo que realizó dicha operación sin que ella tuviera intervención alguna.
Además, ella ya explicó que si el Estado debe cubrir ahora una multimillonaria diferencia por la venta de esos dólares, es debido a las medidas que tomó el gobierno macrista, no ella.