La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy al régimen de Venezuela que garantice a los expertos de su oficina que actualmente están en ese país el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.
“Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una primera medida positiva”, destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que “es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones”.
También pidió al régimen de Maduro que no haya represalias “contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”, sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.
La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que Maduro le ha extendido una invitación pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes.
Bachelet informó al Consejo de las novedades que en materia de derechos humanos se han dado en Venezuela durante el último año, periodo en el que según la expresidenta chilena continúa habiendo una grave crisis que “constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.
“Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”, subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos”.
Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos.
Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.
El sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización Panamericana de la Salud.
Según una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país.
Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población.
Añadió que su oficina continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 sólo en las protestas del pasado enero.
“También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela”, subrayó la alta comisionada, quien denunció que la “ley contra el odio” aprobada por el régimen en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.