Esta noche el pleno de la Cámara Alta de Estados Unidos aprobó por unanimidad la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, más conocida como Nica Act, la cual busca sancionar al régimen de Daniel Ortega.
Este proceso concluye en una de las etapas más difíciles del proyecto legislativo. De acuerdo a La Prensa de Nicaragua, para convertirse en Ley, el proyecto debe cumplir con dos pasos más.
La iniciativa de Ley debe pasar al Congreso para aprobación de la enmienda propuesta y aprobada por el Senado, el cual según los experto este será un proceso que no tendrá obstáculo porque la Nica Act fue aprobada por la Cámara Baja en 2017.
Las sanciones contra Murillo y un asesor de Seguridad del presidente Ortega implican el bloqueo de bienes y activos bajo la jurisdicción de EE.UU. e impide a cualquier estadounidense realizar negocios con ellos.
El otro paso será que la Ley pase a manos del presidente de Estados Unidos Donald Trump para que firme y tras un plazo de diez día entraría en vigencia la Ley con la que se sancionaría los abusos a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega.
También este martes, el Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones por la represión en Nicaragua contra la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, y contra Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del presidente Ortega.
En la orden ejecutiva firmada por Donald Trump se declara a Nicaragua como una “amenaza para la seguridad nacional”.
“Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua (…) constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, reza la orden ejecutiva firmada este martes por el republicano.
Sobre la Nica Act
Según La Prensa de Nicaragua, esta Ley fue propuesta por la congresista Ileana Ros-Lehtinen, fue fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por medio de una enmienda, con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, s.3233, del senador Bob Menéndez.