El gobierno del presidente Donald Trump dijo que el fallo emitido esta semana por un juez federal en San Diego que obliga al gobierno a reunir a las familias separadas en la frontera implica que las autoridades migratorias pueden mantenerlas legalmente detenidas hasta la conclusión de sus casos.
De acuerdo con esa interpretación, las familias inmigrantes podrían pasar meses o incluso años detenidas _incluso aquéllas que buscaban asilo debido al rezago de expedientes en cortes de inmigración acumulados durante años.
El Departamento de Justicia dijo el viernes en un documento presentado ante una corte que un caso conocido como el acuerdo Flores permite al gobierno detener a las familias ahora que el juez de California prohibió su separación.
“El gobierno de Trump está comprometido _desde enero de 2017_ en restablecer el orden frente a la ilegalidad en la frontera Suroeste y proteger a los ciudadanos de nuestra nación, pero estamos sujetos a un sistema de inmigración estropeado que el Congreso se ha rehusado a arreglar y que los tribunales han exacerbado”, dijo el departamento en un comunicado.
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El acuerdo Flores ha sido mucho tiempo guía para el gobierno sobre las condiciones y el tiempo que puede tener a menores migrantes detenidos. Surgió de una demanda presentada en 1985 por una niña inmigrante, Jenny Lisette Flores, a la que las autoridades migratorias tuvieron detenida en malas condiciones y no se permitió entregarla a una tía.
Según el acuerdo Flores, el gobierno está obligado a liberar a los menores del lugar donde se encuentren detenidos “sin demora innecesaria” que el gobierno interpreta en general son unos 20 días.
Sin embargo, el Departamento de Justicia se ha concentrado en ese requisito y afirmó que el juez federal Dana Sabraw ordenó que la liberación de los menores sea demorada para que puedan permanecer con sus padres.
Sabraw fijó un plazo de 30 días para reunir a los padres y los menores, y pidió que se agilice cuando se trate de niños.
Las denuncias de los presuntos abusos en un centro, cerca de Staunton, Virginia, aparecen detalladas en documentos judiciales federales que incluyen media docena de declaraciones juradas de adolescentes latinos.
El gobierno ha argüido desde hace mucho tiempo que dejar en libertad a solicitantes de asilo que cruzaron la frontera en forma ilegal equivale a captura y liberación y resulta en que muchos no se presenten a sus audiencias ante la corte.
El gobierno anunció a principios de año que aplicaba una política de tolerancia cero que obligue a los agentes fronterizos a arrestar y presentar cargos contra la persona a la que hayan detenido por cruzar sin permiso la frontera. Esa política resultó en que más de 2.000 menores fueran separados de sus padres.